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Querella contra el PP por delito fiscal y electoral / Petición de disolución judicial del PP

Más claro Agua. El plan de saqueo del Canal de Isabell II (libro) Plataforma contra su privatización

Martes 2 de mayo de 2017, por Redacción

Tal es el cúmulo de desaguisados y tropelías que un día sí y otro también (presuntamente, por supuesto) se perpetran, es tal el nivel de corrupción y podredumbre del carcomido estado de desecho español, que apenas llama ya la atención ni escandaliza cuanto a diario acontece. Con la certeza casi absoluta, además, de que lo que aflora a la superficie representa tan sólo una parte —nadie en su sano juicio se atrevería a cuantificarla— de la (presunta) responsabilidad e implicación, política y judicial, realmente existente; es decir, que nos enteramos y conocemos únicamente aquéllo que, por diferentes motivos, quién o quiénes sean quieren que sepamos. La corrupción no es algo coyuntural o esporádico; (presuntamente) forma parte, por el contrario, de la propia estructura orgánica del aparato e instituciones directamente emanadas de la mal llamada transición española: sin ruptura con el poder económico y político, militar y policial, eclesiástico y judicial, ... característicos de y pergeñados bajo la dictadura fascista, a nadie debe extrañar el (presunto) engendro surgido. Y porque tenemos la certeza de que no podemos siquiera ser república bananera —(presunta) monarquía constitucional somos y tampoco contamos con el número suficiente de bananos—, nos resta exigir la disolución judicial del PP, dada la (presunta) aplicabilidad de la ley de partidos a ésta (presunta) organización criminal —sin olvidar, claro está, que otros artífices transicionales no le andan (presuntamente) muy a la zaga en cuanto a responsabilidades e implicaciones, políticas y penales. Pese a sospechar y/o intuir que la referida ley se elaboró cuasi ex profeso con el fin de dejar fuera de juego a la en su momento denominada izquierda abertzale, cabe esperar con todo que la marca españa, y la modernización y el desarrollo tecnológico que se le atribuyen, sea capaz de darle la vuelta a la (presunta) imposibilidad de pedir peras al olmo. En el plano de ciencia ficción, o virtual, en el que todo se desenvuelve, queremos creernos que el olmo puede llegar a proporcionar jugosas peras: la modificación genética prácticamente carece de límites, por lo cual aplíquese tan infausta ley a cuanta (presunta) mafia pulula por estos pagos. O, dicho de otro modo, ¡¡¡que ya basta!!!, que (presuntamente) estamos todos y todas hasta ... ahí.

Presentan una querella contra el Partido Popular por delito fiscal y electoral

ecologistas en acción, 26-04-2017

Organizaciones de la Querella Bárcenas [1] y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II han presentado una querella en la que se suman a las diligencias que está desarrollando el juez Velasco en la Operación Lezo. Pero además aportan una argumentación consistente como para imputar a Esperanza Aguirre y otras personas, e incluso al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública, delito electoral y otros.

En las últimas semanas, tras el arresto de varios dirigentes y ex cargos públicos del Partido Popular (PP), se ha conocido la existencia de una presunta organización criminal. Se utilizaba el poder político de este partido en la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno regional y distintas empresas de carácter público, como el Canal de Isabel II (CYII) o ICM, para obtener de forma ilícita distintas contrataciones públicas a favor de empresarios. A cambio, estos empresarios abonaban importantes comisiones económicas, en dinero negro, tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal como también presuntamente al propio Partido Popular.

Éste es el motivo que lleva a buena parte de las organizaciones que están manteniendo la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas, ligada a los papeles del extesorero, a presentar una nueva querella en la que se recogen y documentan muchos de estos hechos. A la querella se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII. Las organizaciones firmantes de la querella son: Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

La intención de todos estos colectivos es poder ejercer la acusación popular, esto es, un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la fiscalía y algunos medios de comunicación aparentemente y presuntamente se han conjurado para saquear bienes públicos. En este caso utilizaban a la administración pública madrileña, realizando un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.

Entre las operaciones de índole criminal que la red ha llevado presuntamente a cabo destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia [2] y [3]) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP.

Cabe señalar el presunto papel nuclear y de auténtico capo del expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Ignacio González. También destacan Pablo M. González, hermano del expresidente y directivo de la empresa pública Mercasa, Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público CYII, o Ildefonso de Miguel, exgerente del CYII, sin olvidar a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid ICM. A todos ellos se les imputan un buen número de delitos dentro de la querella que acaba de presentar la acusación popular. Del mismo modo se pide la imputación de destacados empresarios, como Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, o Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, por reiteración delictiva.

La acusación popular también pide en su querella que se investigue el desvío de fondos públicos desde ICM para el pago de gastos electorales del Partido Popular (566.497,58 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013). Esta petición resulta muy relevante porque desde finales de 2012, con la nueva redacción del Código Penal [4] (recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre [5]), los partidos políticos pasan a ser, como personas jurídicas, plenamente responsables penales de actuaciones como la descrita. Por ello, como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la hacienda pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como nacional. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a esta organización.

También parece evidente que la actual cúpula del Partido Popular ha estado maniobrando para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus cooperadores. Para la acusación popular existen elementos suficientes para que este delito de encubrimiento se impute a Esperanza Aguirre, además de otros destacados miembros del partido. Y es que existen abundantes indicios de que la expresidenta tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los extesoreros Lapuerta y Bárcenas, así como del exalcalde de Leganés. Del mismo modo, parece que fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su Secretario General al tiempo que ella era presidenta del PP de Madrid. Del mismo modo, en la querella se argumenta su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

En definitiva, hay más que sobradas razones para ejercer una acusación popular por parte de las organizaciones querellantes, que esperan ahora que el juez instructor, Eloy Velasco, las admita lo antes posible.

- Querella Caso Lezo.

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El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González
La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo (Cadena SER)

Una petición para la disolución judicial del PP

La propuesta, lanzada en Change.org [6] por un grupo denominado Indignad@s!!, solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe en aplicación de la Ley de Partidos.

lamarea.com, 25-04-2017

La densidad de casos aislados de corrupción está creciendo tanto, que much@s de l@s que dudaban de la naturaleza criminal de las estructuras clientelares formadas por el Partido Popular de José María Aznar, y defendían el milagro económico de Rodrigo Rato, empiezan a dudar de la existencia de tal milagro”. Así comienza la propuesta lanzada en Change.org por un grupo denominado Indignad@s!!, que solicitan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la disolución del PP en aplicación de la Ley de Partidos.

Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del PP en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de ésta y otras ‘Tramas‘, apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ‘organizada’ o partido llamada Partido Popular [7], continúa.

La propuesta, que lleva casi 39.000 firmantes, incide en la responsabilidad de la Justicia y acusa directamente al PP de usarla en su propio beneficio: “¿Qué opinión les merece el hecho de que (un) fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular?”.

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Antonio Hernando y Rajoy en el Congreso. EFE
(PSOE y Ciudadanos impiden que Rajoy explique en el Congreso la Operación Lezo
Público 28-04-2017)

Sobre la Operación Lezo

ecologistas en acción, 24-04-2017

Ante la corrupción generada por el Partido Popular, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, de la que forma parte Ecologistas en Acción, reivindica la depuración de responsabilidades políticas y sociales y la implantación de un modelo de gestión no lucrativa, transparente, participativa, con rendición de cuentas y democrática.

La Operación Lezo que ha puesto en marcha el magistrado Eloy Velasco pone en evidencia el alcance de la corrupción en la Comunidad de Madrid y su relación con el Canal de Isabel II, empresa pública controlada por la Comunidad, y que se entrelaza con otras tramas corruptas como la Gürtel, Tosca y Púnica, destinadas tanto a financiar al Partido Popular como a enriquecer descaradamente a los corruptos. Salvador Victoria, que fue consejero de Justicia del gobierno de Ignacio González y presidente del propio Canal, está imputado en el caso Púnica. En el de la Tosca lo está Gerardo Díaz, ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección de Operaciones en Canal de Isabel II S.A, antigua Canal Gestión.

El impacto mediático que ha alcanzado la trama Lezo, y que ha provocado una importante alarma social, se debe tanto a la importancia de las cifras que están en juego como a la relevancia política y social de los hasta ahora principales implicados, procedentes del ámbito político (con Ignacio González a la cabeza), empresarial (OHL, Licuas e Indra, entre otras) y al específico de directivos de la empresa (el ex director general de la empresa Adrián Martín, la anterior directora financiera María Teresa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios).

Sin embargo, las evidencias de corrupción ligadas con la actividad del Canal de Isabel II no son nuevas, sino que se han puesto reiteradamente de manifiesto tanto por la propia Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y los medios de comunicación como por la Comisión de la Asamblea de Madrid de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, creada a pesar de la oposición frontal del Partido Popular, que en mayo de 2016 ya denunció el caso de la empresa Emissao en Brasil. Este fue el detonante de la Operación Lezo que Cifuentes pretende capitalizar de forma oportunista emulando a Esperanza Aguirre (“Yo destapé la Gurtel”).

En este sentido, con la Operación Lezo –que bien puede denominarse caso Canal– sale a la superficie el verdadero iceberg de la corrupción que se ha ido entretejiendo en torno al Canal de Isabel II durante los gobiernos del Partido Popular presididos por Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han aprovechado la preponderancia e importancia del Canal para expoliar lo público. Esto ha sido posible por la progresiva mercantilización del Canal de Isabel II que tuvo un hito importante en 2008, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre empezó el proceso de privatización de la empresa pública y otro en 2012 cuando el de Ignacio González creó la Sociedad Anónima Canal Gestión.

Durante todo este proceso se ha materializado una patrimonialización rotunda del Canal por parte del Partido Popular, utilizando esta empresa en beneficio del partido y de sus dirigentes, a través de un modelo de gestión totalmente opaco cuyo fin último es la maximización y reparto de los beneficios, como paso previo a la privatización, en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa y de las necesarias inversiones para asegurar la sostenibilidad de los servicios. Este modelo mercantil se ha consolidado, además, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos y en claro detrimento de sus competencias en los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Frente a la corrupción y el ánimo de lucro, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II contrapone la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la participación democrática; estos son los ejes fundamentales del modelo de gestión que la Plataforma reivindica para la empresa pública responsable de la gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid y que entiende que será la máxima garantía para evitar nuevos casos de corrupción.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en la que participa Ecologistas en Acción, exige la depuración de las responsabilidades políticas y penales de las personas que han incurrido en actos de corrupción o que han mostrado connivencia con los mismos, especialmente los responsables en la toma de decisiones en los diferentes consejos de administración de la empresa.

Es necesaria la liquidación y disolución de la Sociedad Anónima Canal Isabel II S.A. (antes Canal Gestión) y el retorno de la gestión del ciclo urbano del agua en Madrid a la entidad pública Canal de Isabel II en la que se adopte un modelo de gestión público, transparente, con rendición de cuentas, democrático y participativo.

Asimismo, es urgente que la Asamblea de Madrid asuma su responsabilidad para evitar futuros casos de corrupción en el Canal anulando los decretos que empezaron la privatización y promulgando una ley que haga posible la implantación de un modelo de gestión como el reivindicado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que ya fue apoyado en enero de 2015 por más de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región.

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canal de alí babá

Quién es quién en el Canal de Isabel II

ecologistas en acción, febrero 2013

La imposibilidad de privatizar el Canal de Isabel II mediante su venta directa a capitales privados por incomparecencia de compradores dispuestos a pagar el precio estimado por la tasación realizada por BBVA, Rothschild, KPMG, Tinsa, American Appraisal y el despacho de abogados Cuatrecases, fue el primer contratiempo importante del tándem Aguirre-González.

Hasta ese momento, estos defensores del liberalismo económico que realmente han vinculado totalmente sus intereses y negocios a la piñata de bienes y servicios públicos habían logrado, aprovechándose de sus cargos políticos, un record de colocaciones a dedo en el área pública de amigos y familiares sin mayor experiencia ni competencia en las tareas encomendadas y de afloramiento como setas de supuestos emprendedores –también amigos y familiares- que simplemente y jugando a lo seguro eran meros "concesionistas" de lo público.

González no consiguió la presidencia de Bankia, pero tenía y tiene dos importantes activos: la CEIM y Esperanza Aguirre. Con la patronal madrileña mantiene muy buenos vínculos ya que su mujer, Lourdes Cavero es adjunta a la presidencia de la misma, tras pasar por la CEOE y UNESA (siempre por méritos del dedo de alguien). González fue buen discípulo de Aguirre y ha sabido surfear en los dineros del agua.

En 2008, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas [8] que abría la posibilidad de la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A. Empresa que empezó a operar el 1 de julio de 2012, tras ser aprobada su constitución por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Canal Gestión tiene como cometido la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, incluyendo la atención a los usuarios y la actividad comercial. Fracasada la operación presidencia Bankia, el Canal se mostraba como la bussines-plataforma más rentable.

El estilo González de trabajo en red

El presidente de la Comunidad lleva años urdiendo tupidas pero desconocidas redes de influencia, lealtades e intereses tal como arriba se señaló procurando trabajos y oportunidades de negocio.

Sirva como ejemplo del pluriempleo digital, el nombramiento como directivo de Bankia de Pablo González –hermano del presidente- (no imputado) y actualmente reubicado en la empresa pública Mercasa. O de su cuñada Carmen Cavero ex consejera de Bankia (en situación actual de imputada) y de su filial para participaciones industriales Caja Madrid Cibeles y socia de Subastas Segre (nombre a retener). Mayte Jiménez, esposa de Salvador Victoria, fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia, el 9 de junio de 2009; anteriormente había estudiado el bachiller, había sido "adjunta a la dirección" de una escuela infantil de Las Rozas y manifiesta tener un nivel medio de inglés. También promocionó políticamente a su hermana Isabel Gema González, diputada autonómica y esposa de José Juan Caballero, socio del hermanísimo Pablo en Tecnoconcret adjudicataria de la construcción del campo de golf de Chamberí. Y con ellos aparecen en escena todo tipo de maniobras sobre bienes del Canal.

Sirva como ejemplo de la nueva casta de empresarios y negociantes, operaciones como la del campo de golf en las instalaciones del Canal en Chamberí en manos de un hermano y un cuñado del actual presidente de la Comunidad, los millonarios contratos de publicidad con Carat –vinculada a Miguel Ángel Rodríguez- o que la selección de personal se encomiende a una socia de la esposa de González en Subastas Segre, Cecilia Domeq, a través de Magallanes Consultores de Dirección.

Más grave. Álvaro de Ulloa y Suelves –marqués de Castro Serna y uno de los pocos ex consejeros de Bankia que no ha sido, hasta ahora, imputado- fue repescado tras dejar la entidad financiera como director gerente del ente público Canal de Isabel II por Ignacio González. Anteriormente ocupó distintos cargos en Banco de Extremadura, Banca Garriga Nogués y en Banco de Madrid. Fue consejero y director general de la Sociedad de Crédito Hipotecario Mutual. Álvaro Ulloa es amigo de otro noble, el conde de Murillo, o sea Fernando Ramírez de Haro, marido de Aguirre, quien actuó como testigo de la boda de Ulloa con su primera mujer, Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Arcos. Entre gentes de sangre azul anida la paloma del PP madrileño y también el negocio de los solares, la banca, los casinos y el agua.

Además para encargar informes ¿en quién confiar?: en empresas dónde haya alguien de la familia. El estudio de la viabilidad jurídica del Plan B privatizador –una vez el mercado quedó seco sin compradores de agua-, el actual despiece del Canal en una microempresa pública y una sociedad anónima con participación pública, Canal Isabel II Gestión, se ha hecho con dinero público (más de 1 millón de euros) que fue hacia despachos como el de Cuatrecases donde trabaja Pilar Cavero, cuñada.

Y mientras, ausencia de transparencia: no conocemos ni los criterios de valoración de los activos del Canal ni tampoco los entresijos jurídicos del Plan B. Quizás no hubo inicialmente compra-venta porque las cuentas no cuadraban pues en las empresas gestoras del agua el factor multiplicador que se paga en el mercado se sitúa entre 7 y 9 veces su ebdita. En 2011 el Canal tuvo un ebdita de 260 millones de €, lo que supondría un valor de mercado de entre 1.820 y 2.340 millones de euros; o sea en el mejor de los casos un 22% por debajo de los 3.000 millones de € que se "filtró" de la muy secreta tasación. Pero también es posible que el capital haya temido a la inseguridad jurídica que provoca las dudas sobre la legalidad de la operación puesta en cuestión por un dictamen de la Junta Consultiva de Madrid en 2009 que ha creado divisiones al respecto en el seno del propio PP. Tampoco la nueva fórmula de sociedad anónima que podría colocar un 49% en el mercado a operadores o inversores privados tiene respaldo jurídico suficiente.

González y el Canal

Todas las operaciones se hicieron desde la presidencia del Consejo de Administración ostentada por Ignacio González en dos fases distintas. Una primera en la que el Canal –todavía totalmente público- funcionaba con las normas y composición del consejo de administración del Decreto 51/2002 de 4 de abril [9] que ofrecía un inconveniente para los planes privatizadores: demasiada gente implicada, 20 miembros, entre los cuales además había dos miembros nombrados por el Comité de Empresa. El Decreto 68/2012 de 12 de julio [10], inaugura la segunda etapa; González preside un Consejo de Administración con 9 miembros –solo 7 con voto- y sin sindicalistas. Pero la dimisión de Aguirre como Presidenta de la Comunidad y el nombramiento de González en su lugar, obligó al nuevo presidente regional a remodelar el recién nombrado consejo, en primer lugar con su cese como presidente del Consejo de Administración del Canal.

En primer lugar pone a uno de sus hombres de confianza en la presidencia del Consejo de Administración, reclama para su nuevo gobierno regional a Borja Sarasola Jaúdenes y se quita de encima un peso muerto en el Consejo para sus nuevos planes, el de María Fernanda Richmond, segunda esposa de Javier de Andrés íntimo amigo de Ignacio González y director financiero de Indra, que de forma inexplicable por su total inexperiencia en el sector de las utilities y falta de capacitación profesional y competencia, había sido nombrada directora económica financiera del Canal Gestión.

El Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2012

El Acuerdo del 15 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno por el que se pone al frente del Canal a Salvador Victoria Bolívar como presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II [11] a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno (o sea del mismo Sr. Victoria), es la pieza clave para el futuro control de Ignacio González de lo que ocurra en el Canal en las procelosas aguas de la andadura de la sociedad anónima Canal Gestión en ausencia de ventas ni salidas a bolsa cercanas.

El abogado Victoria es un hombre de González al que ha mostrado, hasta el momento, una inquebrantable lealtad. Su perfil es el del joven licenciado que se ha criado en la administración y que desde temprana edad hizo de la política una profesión, que a buen seguro ofrece mejores perspectivas que la de mero Letrado de la Comunidad. Como consejero de Presidencia y portavoz del gobierno regional y como presidente del Comité Electoral del PP madrileño tiene solo menos poder que Aguirre y González en la Comunidad de Madrid. Desde su puesto en el gobierno regional puede controlar los asuntos que vayan al Consejo de Gobierno como grandes contrataciones, recalificaciones, etc.

El Consejo de Administración, según los datos registrales T 30120, F 61, S 8, H M 534929, I/A 3 (29.11.12) está compuesto, de momento, por 8 personas. Podemos inferir que es monocolor, todos son del PP, salvo un elemento decorativo:

* Presidente, consejero y apoderado: Salvador Victoria Bolívar (PP)

* Vicepresidente y consejero: José Manuel Serra Peris (PP)

* Secretario del Consejo: Fernando José de Cevallos Aguarón (PP, con voz sin voto).

* Consejero: Antonio de Guindos Jurado (PP)

* Consejero: Enrique Ossorio Crespo (PP)

* Consejero: David Pérez García (PP)

* Consejero: Agapito Ramos Cuenca. Antiguo directivo del Canal, fue activo miembro del PSOE del que fue diputado regional, colaboró con el gobierno Leguina; perteneció a Consejos anteriores, pero actualmente no representa a su partido en el órgano del Canal. Su presencia en el actual Consejo es injustificable desde un punto de vista democrático y progresista.

Who’s who entre los que deciden junto al presidente Victoria

Enrique Ossorio Crespo, licenciado en Derecho, de larga trayectoria en las administraciones gobernadas por el PP, actualmente es responsable de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, ya perteneció al anterior Consejo de Administración. Hasta el momento fiel seguidor de Aguirre y González.

David Pérez García, comprometido con el aberrante proyecto de Euro Vegas, es uno de los exponentes de lo que Ana Botella ha denominado, sin dar nombres, las nuevas generaciones de los partidos. De profesión, sus cargos en el PP y los institucionales aparejados. Actualmente es miembro de la dirección del PP, Presidente de la Federación de Municipios de Madrid y Alcalde de Alcorcón, en cuya candidatura aterrizó desde Madrid. Cursó según su CV Ciencias de la Información y tras un fugaz paso por la universidad, no se le conocen actividades profesionales "civiles" anteriores a su dedicación a la política. Ha ligado su futuro al del PP de Madrid.

Fernando José de Cevallos Aguaron, secretario del Consejo. Es marido de Regina Plañiol de la Calle, viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales en uno de los gobiernos de Aguirre, ha sido director de Recursos Humanos del Canal de Isabel II y Director de la Secretaría General Técnica en Canal de Isabel II. Ha estado vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua SA, que en el CNAE se inscribe en el epígrafe 3600 "Captación, depuración y distribución de agua". Esta sociedad define su campo en la gestión del ciclo integral del agua en toda la región de Madrid.

Antonio de Guindos Jurado representa al Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, es un puente en los necesarios pactos entre ambas instituciones encabezadas por sectores del PP en abierta diferenciación. Economista y funcionario, tiene buenos lazos familiares con el actual gobierno de España. Debido a su imputación en el caso Arena ha dimitido de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid. Con ello se abren varios interrogantes: ¿sigue representando a una corporación a la que ya no pertenece?, si continúa, y más allá de consideraciones formales sobre la legalidad de su pertenencia al organismo y atendiendo solo al punto de vista político, cabe preguntarse ¿su permanencia en el Consejo supone una salida económica para el individuo y mantener un hilo de relación entre Ayuntamiento y Comunidad?. En los próximos días conoceremos la respuesta a éstas y otras preguntas sobre el futuro de Antonio de Guindos.

El Vicepresidente, José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado y consejero de Auna Telecomunicaciones. Con los gobiernos de Aznar ocupó diversos cargos: Secretario General Técnico del Ministerio de Industria y Energía, Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y Secretario de Estado de Industria y Energía, Presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Ha sido miembro de los Consejos de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), entidades que han ejecutado el proceso de privatización de las sociedades públicas. Igualmente ha sido miembro del Consejo de Administración de IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A. y miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de ENDESA, Red Eléctrica Española. Consejero independiente del Grupo Empresarial ENCE, Grupo en el que asumió la Presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Además a temporadas simultaneaba el ejercicio libre de la abogacía. Agotador o su día tiene más de 24 horas.

Y, lo más importante, ha sido Consejero de Bankia de la que percibía 200.000 euros anuales. Está imputado. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martinsa informó de que Serra Peris presentó por carta su dimisión y que ésta fue aceptada por el consejo celebrado el pasado 29 de octubre. Lo que causó la desvinculación de Martinsa no fue óbice para un cargo digital en el Canal. La renovación de su nombramiento para el Canal de Isabel II es posterior a su imputación. La inmunidad y la impunidad a la hora de buscar cobijos a los amigos y conmilitones es la ley.

Algunas conclusiones

El entorno del Canal de Isabel II es una de las fuentes de poder, negocio, proyección económica y correlación de fuerzas en el seno del PP español entre las controladas desde la Puerta del Sol. Posición que el PP madrileño no quiere compartir con nadie. Eliminada la supervisión sindical, había que monopolizar la palabra para poder guardar bien los secretos. Para ello ha sido necesario contar con aquellas personas que por uno u otro motivo tienen lazos personales, políticos y económicos con el núcleo biatómico de las decisiones Aguirre-González (hasta ahora).

El esquema de las redes es bien sencillo. Los criterios de meritocracia que defiende el PP, con Aguirre al frente, quedan reducidos a las viejas formas de simonía y reparto de prebendas en la que nuestros compatriotas los papas borgias tantas lecciones nos dieron. No hay vínculo más firme que compartir hogar, dividendos o favores.

Amistades, militancias, lazos familiares y … negocios compartidos en torno al núcleo del PP madrileño sellan la alianza de la vieja y rancia nobleza propietaria de la tierra –hoy solares-, los altos funcionarios de la administración, las patronales bancarias y de la construcción y los nuevos negociantes plebeyos de las también viejas y rancias clases medias conservadoras madrileñas, ayer franquistas hoy demócratas de toda la vida.

Buena parte de los nombres aludidos son familiares y amigos, se deben favores y forman parte de una pequeña elite que accede desde la cuna a cargos de dirección de forma "natural". Forman parte de la clase dirigente.

Son la gente que considera normal que su trayectoria "profesional" sea una sucesión de cargos políticos, consejos de administración y oportunidades de hacer negocio a partir de la información que circula en su exclusivo club. Pertenecer al mismo es un seguro de vida, una vía para acceder es afiliarse al PP.

Evidentemente ello comporta tener un discurso neoliberal privatizador y una práctica parásita y depredadora de lo público como plataforma del lanzamiento de ganancias privatizadas.

La secuencia ha sido la siguiente: vinculaciones previas con la administración (la mayoría de los políticos del PP son funcionarios sea cual sea su formación académica), instrumentalización de la política para adquirir poder, ocupación del espacio público con asesores partidistas mediante el dedo selector, creación de una conciencia de propiedad sobre lo público por parte de esa élite de gestores mercenarios, descalificación de la eficiencia pública por parte de quienes precisamente gestionan lo público, privatización y ocupación del negocio creado. De libro, y probablemente aprendido de los Putin.

El PP de Madrid, una vez estalló la burbuja inmobiliaria y se secaron los pozos de la obra pública y en espera de dar la bienvenida a míster Adelson, está intentando ocupar directamente y en compañía de algunos socios capitalistas los nichos de negocio de la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos. Tal es el caso también del agua [12].

Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II, en la que participa Ecologistas en Acción.

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espegolf

- (Libro) Más claro el agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II

ecologistas en acción, noviembre 2014

Quienes formamos la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II [13] y la Marea Azul surgida del 15M hemos asumido el compromiso de analizar, documentar y denunciar el plan de saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II (CYII) y de promover la movilización social que lo impida. Este libro quiere contribuir a la toma de conciencia ciudadana con este fin.

Si no fueran tan trágicas las consecuencias de las decisiones políticas y económicas adoptadas por quienes gobiernan la cosa pública como si fueran amos despóticos de su finca, tendría gracia que nos califiquen de antisistema, estos muñidores de la política de puertas giratorias, conseguidores de negocios lucrativos para sus amigos, grandes empresarios, buenos pagadores de los favores debidos al político cuando acaba su gestión.

Incapaces de percibir la transparencia del agua y sacar conclusiones, contaminados por intereses (neo)caciquiles —como muy acertadamente apunta José Manuel Naredo en su imprescindible introducción a este libro—, contrarios a profundizar en la gestión democrática y transparente, pergeñan, desde el poder de las instituciones y desde los puestos de dirección del CYII, la privatización de esta empresa pública que se ha caracterizado por su buen hacer en la gestión del ciclo integral del agua de Madrid desde hace más de 160 años.

Este libro cuestiona en su primera parte la mercantilización del agua. Agradecemos a José Manuel Caballero Bonald la cesión de su poema Terror preventivo, que abre la obra, y de su texto El agua de la vida, que nos ofrece una mirada profunda del agua, «caldo nutricio del que surgiría la vida», un pensamiento que contrasta con la premisa tosca de quien solo piensa el agua como oportunidad de negocio. Pedro Arrojo reflexiona sobre el agua como bien común, desmonta los modelos de privatización en materia de aguas y expone los principios y criterios éticos y ecosistémicos en la gestión del agua; en un segundo capítulo, narra el creciente movimiento ciudadano que promueve en el mundo una gestión pública participativa. Luis Babiano sinte­tiza algunas de las más importantes movilizaciones habidas en España en defensa del agua y describe las consecuencias de los modelos privatizadores de su gestión.

La segunda parte del libro ofrece información pormenoriza­da sobre el proceso de desmantelamiento y saqueo de la empresa pública CYII. Liliana Pineda denuncia las prácticas depredadoras que el CYII, convertido en grupo transnacional, desarrolla en La­tinoamérica —unos hechos poco conocidos por la ciudadanía—; explica los cambios legislativos que con una cadencia planificada están haciendo posible tanto la privatización como el bloqueo de la información; reflexiona sobre los ingentes bienes patrimoniales que gestiona el CYII, que podrían ser adquiridos, gravados o vendidos como si de un particular se tratase, y analiza el modelo im­plantado en 2011 por la Sociedad Anónima Canal Isabel II Gestión.

Enrique Ortega demuestra quién gana y quién pierde con la privatización del CYII; pone en evidencia las mentiras esgrimidas para justificarla; ofrece un estudio detallado de los casos de París y Berlín, ciudades que han optado por remunicipalizar el servicio de aguas, y muestra las primeras consecuencias de la instauración de la Sociedad Anónima, preludio de los graves problemas que generará la entrada de capital privado en su accionariado. Santiago Martín y Erika González desmienten la necesidad de priva­tizar el CYII para garantizar el abastecimiento de agua potable en el futuro y dan a conocer el deterioro ambiental que generarían la construcción de los innecesarios embalses propuestos y la privatización de la gestión del agua. El colectivo Marea Azul describe las movilizaciones contra la privatización del CYII, algunas tan notables como la Consulta Social, la Iniciativa Legislativa Municipal y la Iniciativa Ciudadana Europea, entre otras numerosas acciones, charlas y debates. La Plataforma contra la privatización del CYII propone un modelo de gestión democrática del servicio de agua en la Comunidad de Madrid que garantice la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones. El anexo del final del libro contiene información sobre los movimientos ciudadanos en defensa del agua entre 2010 y 2014.

Agradecemos las ilustraciones cedidas por Arnal Ballester, Ja­vier Serrano, Alfredo, Jesús Gabán, Paul Coulbois, Octavio Colis, Antonio Santos, Isidro Ferrer, Enrique Flores y Raúl, y las fotos de Álvaro Serrano Sierra y José Sánchez Prieto. Quienes participamos en esta obra lo hacemos sin ánimo de lucro, en el conven­cimiento de que merece la pena colaborar para que otro modelo de gestión de lo público sea posible. Tampoco la editorial, Traficantes de Sueños, obtendrá beneficios por la venta de ejemplares, tan solo cubrirá gastos. Si se genera algún beneficio se dedicará a seguir divulgando experiencias y argumentos que fundamentan el derecho humano al agua y su recuperación como bien común.

PDF - 4.5 MB
Más claro Agua. El plan de saqueo del Canal de Isabell II
Plataforma contra la privatización del CYII / Marea Azul
traficantes de sueños Madrid 2014

Madrid: Saqueo a la democracia

Carlos Girbau, Sin Permiso, 23/04/2017

Podemos tener democracia en este país o podemos tener mucha riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas cosas. Louis D. Brandeis

La capital del Reino lleva unos días de vértigo. El miércoles 19 era detenido Ignacio González, expresidente de la Comunidad autónoma y ex secretario general del PP, acusado de organización criminal, blanqueo de dinero, prevaricación, malversación, cohecho, fraude y falsificación documental. Tras él fueron su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del diario La Razón [14] y uno de los máximos responsables del Canal de Isabel II [15] en Latinoamérica. Se trataba del primer desenlace de la Operación Lezo, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a través de la Guardia Civil, la cual se saldó con la detención provisional de 10 personas y la realización de 30 registros.

El jueves 20, la otrora todo poderosa lideresa del PP madrileño, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, condesa consorte de Murillo, nieta del conde de Sepúlveda y Grande de España [16], declaraba en los juzgados en calidad de testigo por la trama Gürtel, trama que ha llevado al gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas, a prisión y ha puesto al descubierto uno de los entramados más importantes de corrupción y de financiación ilegal de este partido. Es este mismo caso el que hará que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deba declarar como testigo [17] ante los juzgados.

Aguirre, a la salida del juzgado lloró (sin lágrimas) y se mostró desolada por la “nueva rana”, Ignacio González, surgida en la charca de su equipo en el PP [18].

El viernes 21, Ignacio González pasaba de la comisaría a la cárcel de Soto del Real. Fernando Granados, también ex secretario del PP como él y ex-consejero de casi todo con Esperanza Aguirre, lleva ya desde finales de 2014 durmiendo en la prisión de Estremera. El primero como jefe de la trama “Lezo” el segundo, de la “Púnica [19]. Edmundo Rodríguez Sobrino también ingresaba en prisión, reforzando así la constatación de que el Canal de Isabel II representaba la empresa matriz de la que surgió la trama Lezo.

El mismo día 21, el consejero de la constructora OHL, Javier López Viejo, el compiyogui de la Reina Leticia, fue puesto en libertad bajo fianza de 100 mil euros. El sumario señala que López Viejo pudo haber entregado hasta 1,4 millones de euros a Ignacio González a través de una cuenta en Suiza a cambio de la adjudicación de obra pública en la comunidad madrileña.

Una jornada después, el sábado 22, salía a la luz que el hermano de González, Pablo González, también en la cárcel, y uno de los jefes, en su momento, de la empresa pública Mercasa se había entrevistado en marzo con José Antonio Nieto, Secretario de Estado y número dos del Ministerio del Interior. Fuentes oficiales han señalado que se trató de una visita protocolaría; la prensa se inclina a pensar que fue en esa entrevista en la que se comunicó a los González que la Audiencia les estaba investigando. Un tiempo precioso para destruir pruebas, cosa que parece han hecho al menos en el Canal de Isabel II. Se repetía la jugada que ya vimos cuando Rodrigo Rato acudió a entrevistarse con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El goteo de noticias, detenciones, idas y venidas a los juzgados, los intensos rumores sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, así como la creciente sombra de sospecha que se cierne sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consejera también durante años en el Canal de Isabel II, dibujan un panorama que expresa con claridad cómo se ha alimentado el robusto pilar con el que el PP ha venido construyendo sus mayorías parlamentarias en la Comunidad desde el año 2003: el dinero ilegal de las grandes empresas. Entre otros delitos, a González se le acusa de organizar a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) un entramado para recaudar un millón de euros con el fin de sanear las cuentas del PP madrileño, maltrechas por las elecciones de 2011.

El “Tamayazo”, la prueba del 9 para los atracadores

A nadie se le escapa ya que los miembros de esa sociedad de atracos limitada a unos pocos (una parte nada despreciable de los jefes del PP) han empleado los distintos gobiernos (municipales, autonómicos o estatales) para robar, robar y seguir robando. Ahora bien, el aluvión de abusos, el retorcimiento de leyes, el amaño de contratos, las privatizaciones a espuertas y el vaciado de las arcas públicas, todo ello barnizado de una ideología neoliberal que les permitiera ser más y más ricos, no pueden tapar el fondo y el precio político que toda la ciudadanía estamos pagando. Un precio muy superior al tamaño de sus cuentas corrientes, un precio que se contabiliza en democracia.

En 2003 hubieron de repetirse las elecciones en la Comunidad de Madrid; por entonces, el PP llevaba tiempo mordiendo voto en los municipios y acercándose a un PSOE instalado en su eterna crisis madrileña. A pesar de ello, el resultado de los comicios dio la mayoría a la izquierda (PSOE más IU) aunque por solo dos diputados. Fue entonces cuando precisamente dos diputados del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz) se negaron a votar como presidente a su candidato, Rafael Simancas en plena sesión de investidura. Tras las causas de este rechazo aparecieron el soborno y la sospecha de que Ricardo Romero de Tejeda, secretario General del PP entre 1996 y 2004, consejero de Caja Madrid, usador y abusador confeso de tarjetas black, defensor de su legalidad y alcalde de Majadahonda (1989-2001), municipio sumergido en la trama Gürtel, había gestionado la abstención que obligó a la repetición electoral; todo ello a cambio de que alguna constructora amiga pagara un buen pellizco a los dos diputados díscolos.

La repetición de esas elecciones, en las que el PP perdió muchos menos votos que el PSOE, otorgó a Esperanza Aguirre su primera mayoría absoluta en la Comunidad. En otras palabras, el Tamayazo, “el golpe de Estado” del dinero sobre la voluntad popular había funcionado. Asistimos a la prueba práctica de que se podía conseguir, con la mayor impunidad, dinero ilegal para financiar campañas, ganar votos y formar mayorías que permitieran configurar gobiernos para el gran capital. Desde ese instante, la tendencia creció exponencialmente. El Tamayazo representó el triunfo de la corrupción sobre la democracia y perfiló una prueba más de la enfermedad mortal que atacaba de manera irremediable al régimen del 78, enfermedad que se hizo visible con fuerza a partir de la crisis económica del 2008. Precisamente con la crisis se puso a prueba todo el entramado institucional, jurídico y de representación, y comenzó a hacerse evidente su total incapacidad para satisfacer las necesidades crecientes de vivienda, salud, empleo, protección social en condiciones, educación o derechos de una población cada vez más empobrecida en una sociedad cada vez más dual.

La izquierda y la moción de censura

Más de tres lustros han transcurrido desde ese “golpe de las grandes empresas” a la democracia. Y desde entonces, las izquierdas funcionan en Madrid como un boxeador sonado que pega golpes aprendidos cuando se halla en forma, pero que es incapaz de noquear a un adversario que le cambió las normas, las condiciones del combate y que usó la ilegalidad en la pelea. Ciertamente y aún sonado, el boxeador acierta con algunos golpes, como vimos en las últimas elecciones municipales, pero no logra vencer. Tan pronto como los viejos automatismos de aparato se vuelven a instalar y triunfa su tacticismo de vía estrecha, su división calculada y su pose, el contrincante recupera terreno aupado por el doping con el que compite.

Dicho de otra manera, cuando las izquierdas se acercan a lógicas de inercias que ya no existen, a un parlamentarismo vacío con reglamentos y declaraciones que nadie aplica, el capitalismo de ciénaga que nos domina y embarra todo en el caduco régimen del 78, regresa a ensuciarlo todo. Es sobre todo el PP, como representante directo del sector más poderoso del gran capital quién emplea lo que está a su alcance (fiscales, ministros, jueces, sentencias, dinero, jefes de Bruselas, etc.) para doblegar la sociedad al designio de quienes ganan en con la corrupción. En consecuencia, desalojarlo del poder político se transforma en una necesidad de primer orden para regenerar y recuperar democracia y derechos.

Podemos ha señalado, no sin cierta controversia interna, que quiere una moción de censura que desaloje al PP de la sede del gobierno autonómico en la puerta del Sol de Madrid. No es para menos. A la vez, el PSOE indica, con la boca algo más pequeña, que está de acuerdo. Ambos miran a Ciudadanos que repite machaconamente que no desean desalojar a Cifuentes, ni romper el pacto que colocó de nuevo al PP en el gobierno tras perder su mayoría absoluta en la última contienda electoral. Sin duda, la aritmética parlamentaria gestionada en frío daría la razón a quienes concluyen que hay “PP para rato”. Pero existe mucho de vieja política en esas afirmaciones. La situación no debe ser analizada únicamente desde esa perspectiva. Si solo hubiéramos visto ese rostro de la realidad, nadie hubiera observado el 15M y su ocupación de las plazas como un instrumento que podía cambiar las cosas y la correlación de fuerzas.

Abrir el camino a una moción de censura debe huir de la lógica del boxeador sonado, que repite lo que aprendió hace tiempo y que apenas le da ya resultado. Abrir ese camino para desalojar al PP tendría, en consecuencia, que buscarse en la calle, definiendo un plan unitario de recuperación de derechos (sociales y políticos) que se forje por la confluencia de las entidades sociales, empezando por los sindicatos, siguiendo por la PAH, las asociaciones vecinales, las mareas de todos los colores, los gobiernos municipales del cambio y los partidos en la Asamblea de Madrid. Es decir por las resistencias. No existen muchas más vías que llamar a la máxima unidad de todas las voluntades que quieran regenerar y recuperar la democracia ante aquellos que la atracan, la jibarizan y la secuestran a cuenta del gran capital.

Carlos Girbau

Amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid

(2 de mayo de 2017)


[1- Querella contra Bárcenas

Sumario

Imputado todo el anterior equipo de (...)

El caso de la destrucción de los (...)

La acusación popular pide reabrir el (...)

Otra recusación contra los magistrados

Presentan escrito de acusación para (...)

Un cierre apresurado e incompleto

Ante el escándalo de la desaparición (...)

Inaceptable e injustificable excarcelaci

Apartar a Ruz, colofón de las trabas (...)

Ante las nuevas declaraciones de (...)

365 días de la Querella Bárcenas

Nueva amenaza de querella por (...)

La Querella Bárcenas continua y (...)

El caso Bárcenas pasa a otra dimensión

La Fiscalía del caso Bárcenas contesta a

Los querellantes por los papeles de (...)

Tercer comunicado

La actuación obstructora de la (...)

Situación querella

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25 de febrero: El despilfarro en grandes obras tiene una explicación

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27 de mayo: Presidentes de grandes constructoras, imputados

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26 de marzo: Autopistas, rescates y papeles de Bárcenas

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Documentos:

- Texto de la Querella Bárcenas PP

- Resolución de la admisión a trámite de la querella

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Querella contra Bárcenas

[2La Justicia anula el plan especial que legalizó el campo de golf de Chamberí

ecologistas en acción, setiembre de 2016

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso de la Asociación Parque Sí en Chamberí y anula el plan especial, aprobado en 2013, para legalizar el campo de golf construido sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II. La organización muestra su satisfacción y agradece el apoyo recibido de Ecologistas en Acción, de la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí y del Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde en Chamberí. Tras el fallo judicial esperan que el Ayuntamiento de Madrid paralice la concesión de licencia, piden a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II que no recurran la sentencia e invitan a Esperanza Aguirre a seguir plantando madroños en el campo de golf.

- Una sentencia del 26 de julio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), comunicada a las partes el 2 de septiembre, anula el plan especial denominado "Definiciones de redes públicas depósito nº 3 del Canal de Isabel II y regulación de condiciones de protección". Este planeamiento fue aprobado en julio de 2013 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, siendo consejero Borja Sarasola y presidente Ignacio González. El promotor del plan especial es Canal de Isabel II Gestión S.A.

Con este plan especial, el promotor pretendía legalizar los campos de golf (campo de prácticas y Pitch & Putt) construidos en 2007 sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II, en la avenida de Filipinas, en el distrito de Chamberí. Estas instalaciones habían quedado sin cobertura legal después de que el Tribunal Supremo, en diciembre de 2012 (tras un recurso interpuesto por la Asociación Vecinal El Organillo), anulase la declaración de interés general aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El plan especial ahora anulado fue recurrido en 2013 por la asociación Parque Sí en Chamberí, aunque todo el proceso se ha realizado en colaboración con Ecologistas en Acción, la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde en Chamberí. La sentencia del TSJM que da respuesta al recurso anula el plan especial por varios motivos, entre los que caben destacar dos: la ausencia de motivación de la implantación de campo de golf sobre unos terrenos destinados a zona verde y la desviación de poder cometidas por Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid.

La desviación de poder es el uso de las competencias de una administración para fines diferentes a los que justifica. En determinadas circunstancias este vicio administrativo puede dar lugar a delito de prevaricación. Por tanto, el motivo de nulidad es grave. La sentencia recoge textualmente que "los intereses generales han quedado desplazados por el interés particular de la legalización, con claro desvío de poder, lo que invalida el ejercicio de la potestad planificadora en la aprobación del plan especial".

Los colectivos Parque Sí, Ecologistas en Acción, El Organillo y Corazón Verde muestran su satisfacción por el fallo judicial. Ahora esperan que el Ayuntamiento de Madrid paralice la concesión de licencia que está a punto de otorgar al campo de golf.

- Además piden al Canal de Isabel II y a la Comunidad de Madrid que no recurran la sentencia y cumplan con la resolución de 13 de octubre de 2015 de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea de Madrid que, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y por mayoría (con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios excepto del Popular), insta al Gobierno regional a transformar las instalaciones de golf en parque público.

También invitan a Esperanza Aguirre, promotora de las instalaciones de golf anuladas, a que continúe plantando madroños, como ha hecho en la calle Mayor, pero ahora sobre el Pitch & Putt.

[3- El TSJM da un mes a Cifuentes para que derribe el campo de golf que hizo Aguirre, David Fernández, El Confidencial, 06-01-2017

[4- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última actualización publicada: 28 de abril de 2015).

[5- Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, «BOE» núm. 312, de 28 de diciembre de 2012. BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última modificación: sin modificaciones).

[6«Dirigida a Cualquiera de sus miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)»

La Disolución Judicial del Partido Popular conforme a la ley de Partidos Políticos

Indignad@s!!

- El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González

La densidad de casos de corrupción está creciendo tanto, que much@s de l@s que dudaban de la naturaleza criminal de las estructuras clientelares formadas por el Partido Popular de José María Aznar, y defendían el milagro económico de Rodrigo Rato, empiezan a dudar de la existencia de tal milagro.

En los últimos años hemos presenciado cómo periodistas de diversos medios, sociólogos, politólogos ..., con ayuda de juristas realmente independientes y asociaciones populares de todo tipo, tratan de denunciar, aportar pruebas y dar a conocer los delitos cometidos por la clase política de nuestro país.

En una sociedad "avanzada" la vigilancia y denuncia de la corrupción debería emanar de las propias instituciones democráticas. En algunas incluso se recompensa económicamente la denuncia de casos de corrupción, en un intento por premiar al que se arriesga a ser "decente" con una generosa recompensa.

Desgraciadamente, la sociedad española en su conjunto está aún en esa transición hacia una sociedad avanzada, que desea con todas sus fuerzas, sin terminar de creerse tal cambio, ser realmente democrática. Recordemos que la "separación de poderes" es un requisito indispensable para que un sistema pueda considerarse democrático.

Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del Partido Popular en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de ésta y otras "Tramas", apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ’organizada’ o partido llamada Partido Popular.

En esa misma operación, se han realizado escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del remplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix. Esas grabaciones revelan la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular estatal y del gobierno (el ministro de justicia, ni más ni menos), el único con capacidad para semejante maniobra. Estamos, sin duda, ante uno de los hechos publicados más graves de nuestra historia reciente.

España debe avanzar hacia una democracia real, donde realmente exista separación de poderes y en la que los partidos políticos y los poderes fácticos tengan que responder por sus delitos como cualquier otr@ ciudadan@ o persona jurídica.

Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta vulneración flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente cuando hablamos de juzgar a políticos.

Pedimos la disolución judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos. Rogamos la consideración y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada partido popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.

Pasamos a explicar los motivos de tal afirmación. El artículo 10 de dicha ley, en su segundo punto expone:

2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

Por una parte, pedimos la suspensión judicial del Partido Popular por las reiteradas evidencias probadas (dicho por varios jueces en distintas causas) de que su estructura se corresponde con la de una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías. Estos hechos probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos, están obviamente contemplados en los apartados a) y b) del punto 2 del artículo 10 de la ley de partidos, expuestos con anterioridad, como casos en los que el órgano jurisdiccional competente debería disolver judicialmente el partido político.

Por otra parte, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho probado, mediante escuchas obtenidas por orden judicial, en las que, meses antes del cambio del fiscal jefe anticorrupción, un alto cargo del PP y un delincuente, hoy en prisión, hablen de colocar a un fiscal para "facilitar las cosas". ¿Qué opinión les merece el hecho de que ese fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular? ¿Qué opinón les merece que en esas conversaciones se hable de que Rafa Catalá, el ministro de Justicia, iba a remplazar a fiscal anticorrupción por Moix? La verdad es que su opinión personal debería ser irrelevante. Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan que el Partido Popular, a través de su control del gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la justicia, vulnerando la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo. Este hecho se encuadra dentro del caso explicado en el apartado c) del punto 2 del artículo 10 de la Ley de Partidos, anteriormente expuesto, ya que se corresponde con una vulneración planeada y continuada de un principio democrático básico como es la separación de poderes. Por tanto, es un insulto a la democracia y a la justicia que el órgano jurisdiccional competente no haya decidido de forma inmediata la disolución judicial del partido político en cuestión, el Partido Popular.

Saben tan bien como el resto de l@s español@s que éstas son las prácticas habituales de dicha organización, como ha confirmado en una entrevista el ex-fiscal jefe de anticorrupción, ya jubilado.

Humildemente pensamos que la destrucción de pruebas en la trama Gürtel ya debería haber conducido a la suspensión del Partido Popular. Es una anormalidad democrática que los tres robos consecutivos en la casa del fiscal anticorrupción de Murcia, en los que sólo se ha robado documentación de la investigación del Partido Popular, no hayan despertado ninguna acción en sus despachos, cuando se corresponde con otra vulneración flagrante de la separación de poderes. En Galicia el PP desvía fondos de las ayudas Europeas en su propio beneficio. Podríamos seguir indefinidamente nombrando los casos de Valencia, de Murcia, etc.

Por todo ello, humildemente les pedimos que consideren seriamente la disolución judicial del Partido Popular, y las acciones pertinentes para castigar la intromisión continua del poder ejecutivo en el poder judicial. Dejen ya de tratar esto como un conjunto de casos aislados, tiren de la manta y, caiga quien caiga, juzguen al Partido Popular como lo que es, antes de que se lo lleven todo.

Esta petición será entregada a:

Cualquiera de sus miembros

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

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indignad@s

Carta a

Cualquiera de sus miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

La Disolución Judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la ley orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.

Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del Partido Popular en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de ésta y otras "Tramas", apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ’organizada’ o partido llamada Partido Popular.

En esa misma operación, se han realizado escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del remplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix. Esas grabaciones revelan la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular estatal, el único con capacidad para semejante maniobra. Estamos, sin duda, ante uno de los hechos publicados más graves de nuestra historia reciente.

España debe avanzar hacia una democracia real, donde realmente exista separación de poderes y en la que los partidos políticos y los poderes fácticos tengan que responder por sus delitos como cualquier otr@ ciudadan@ o persona jurídica.

Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta ruptura flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente.

Pedimos la suspensión judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos. Rogamos la consideración y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada partido popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.

Pasamos a explicar los motivos de tal afirmación. El artículo 10 de dicha ley, en su segundo punto expone:

2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

Por una parte, pedimos la suspensión judicial del Partido Popular por las reiteradas evidencias probadas (dicho por varios jueces en distintas causas) de que su estructura se corresponde con la de una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías. Estos hechos probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos, vulneran los apartados a) y b) del punto 2 del artículo 10 de la ley de partidos, expuestos con anterioridad.

Por otra parte, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho probado, mediante escuchas obtenidas por orden judicial, en las que, meses antes del cambio del fiscal jefe anticorrupción, un alto cargo del PP y un delincuente, hoy en prisión, hablen de colocar a un fiscal para "facilitar las cosas". ¿Qué opinión les merece el hecho de que ese fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular? La verdad es que su opinión personal debería ser irrelevante. Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan que el Partido Popular, a través de su control del gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la justicia, rompiendo la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo. Este hecho conlleva la vulneración del apartado c) del punto 2 del artículo 10, anteriormente expuesto, ya que se corresponde con una vulneración planeada y continuada de un principios democrático básico como es la separación de poderes.

Saben tan bien como el resto de l@s español@s que éstas son las prácticas habituales de dicha organización, como ha confirmado en una entrevista el ex-fiscal jefe de anticorrupción, ya jubilado.

Humildemente pensamos que la destrucción de pruebas en la trama Gürtel ya debería haber conducido a la suspensión del Partido Popular. Es una anormalidad democrática que los tres robos consecutivos en la casa del fiscal anticorrupción de Murcia, en el que sólo se ha robado documentación de la investigación del Partido Popular, no hayan despertado ninguna acción en sus despachos, cuando se corresponde con otra ruptura flagrante de la separación de poderes.

Por todo ello, humildemente les pedimos que consideren seriamente la ilegalización del Partido Popular, y las acciones pertinentes para castigar la intromisión continua del poder ejecutivo en el poder judicial.

- Actualización:

El fiscal jefe de anticorrupción continúa su lucha contra los que investigan la corrupción, 27-04-2017

Las conversaciones revelan la intervención del ministro de justicia a través de Moix, 25-04-2017

Un gran problema, el PP - Eduardo Zaplana y el Marqués de Villar Mir imputados en la operación Lezo, 24-04-2017

El PP robaba dinero público del Canal de Isabel II para su financiación, 23-04-2017)

Para firmar esta petición.

[7Caso Canal de Isabel II: ¿es el PP una organización criminal?

Pablo Elorduy, Saltamos.net, 26-04-2017

Un plato es un plato, y una mafia es una mafia. Pero ¿es el Partido Popular una banda mafiosa? Es una afirmación que resuena desde hace años y una consigna en muchas manifestaciones. Desde la “barbacoa de chorizos” en Génova el 18 de julio de 2013 hasta la cacerolada de ayer en el mismo escenario. Pero la indignación ciudadana va muy por delante de la interpretación de la Justicia. Por eso, desde hace unos años, algunas organizaciones plantean dar un pequeño empujón a distintos casos.

Pasadas las 17h de hoy 26 de abril, una serie de organizaciones políticas y sociales han presentado una querella por el desfalco de dinero público en el Canal de Isabel II. Las organizaciones que se unen a esta querella remitida al instructor Eloy Velasco son Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

El equipo que la ha preparado es el mismo que planteó la Querella de Bárcenas y también coinciden algunas de las organizaciones que se mantienen en la causa que dirige el juez Pablo Ruz. Su objetivo es ejercer de acusación popular para llevar a cabo “un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción”.

La principal novedad de la misma es que se pide la imputación del propio Partido Popular por delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y así hasta 13 delitos como gestora del Canal. Con ello, saltaría por los aires la coartada de los “casos aislados” enarbolada por el PP y se apunta a la responsabilidad penal de la organización con sede en la calle de Génova. La querella cree probable y posible la comisión de un delito de organización criminal, tipificado en el artículo 570 del Código Penal, por parte de 13 personas físicas (entre las que están Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, su hermano Pablo, el empresario Juan Miguel Villar-Mir o el ‘compiyogui’ Javier López Madrid) y de una persona jurídica: el propio Partido Popular.

La acusación popular también pide que se investigue el desvío de fondos públicos desde la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (ICM) para el pago de gastos electorales del Partido Popular. Fueron más de medio millón de euros en 2012 y 121.000 euros en 2013, no declarados a Hacienda, con los que se afrontaron gastos electorales en campañas en Madrid y en todo el Estado. Los organizadores de la querella creen que esto incurre en delito electoral y contra la hacienda pública, ya que en 2012 se estableció en el Código Penal que los partidos políticos pasan a ser, como personas jurídicas, responsables penales por este tipo de actuaciones.

Además, las convocantes piden en la querella que Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana se sumen a la larga lista de investigados en el caso por presuntos delitos de encubrimiento del desfalco. En el caso de Aguirre, la querella plantea su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

“En paralelo a la querella, hemos solicitado con urgencia en el Congreso un Pleno sobre la corrupción del partido en el gobierno”, han anunciado los autores de la querella. Representantes de Unidos Podemos y el grupo mixto han solicitado la comparecencia de Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Interior y Justicia por vulneración de principios constitucionales, en concreto sobre la separación de poderes, después de que se conocieran las comunicaciones de un representante de Interior con el hermano de Ignacio González –principal investigado en el caso del Canal y ‘capo’ de la organización según los querellantes– y el mensaje que el titular de Justicia envió al propio González hace menos de un año. También el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy en pleno presentarse como acusación particular en el caso del Canal, con los únicos votos en contra del PP.

¿Es el Partido Popular de Madrid una mafia?

“No es un partido, es una mafia”. Es una consigna que llevamos años escuchando en las calles. Desde el 15 de mayo de 2011 hasta ahora. Con cada nuevo caso de corrupción que salta a los medios de comunicación se escucha más fuerte. Pero ¿cuánto hay –estrictamente hablando y en términos legales– de verdad en esto? ¿Es (o ha sido) realmente el Partido Popular de Madrid una organización criminal?

Si bien permanecían enfrentados entre sí, aunque fieles a su mentora, Esperanza Aguirre, la presencia a día de hoy del anterior presidente y de un ex secretario general del partido en prisión por supuestos delitos cometidos bajo la presidencia de Aguirre y del propio González indica que la pregunta no es exagerada.

Para aportar datos para el debate, nos remitimos a la circular que la Fiscalía General del Estado emitió en 2011 sobre las características de las organizaciones criminales, analizándola punto a punto.

1. Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso.

Solo en esta semana son al menos 11 las personas relacionadas con el Partido Popular que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid por posibles delitos de corrupción. Entre ellas, además de Ignacio González y varios miembros de su familia, delegados de Gobierno, como la madrileña Concepción Dancausa o Luis Vicente Moro –delegado de Gobierno en Ceuta.

Pero si echamos la vista atrás, es difícil contarlos todos. Hasta 2016 se contaban más de 800 cargos del Partido Popular imputados en 31 casos de corrupción. La Gürtel –y su prima hermana ‘Papeles de Bárcenas’–, el caso Bankia, Brugal y Acuamed son solo algunos de los más conocidos, a los que se han ido sumando nuevos casos, como la Púnica o la última Operación Lezo (nombre policial para el caso del Canal de Isabel II).

Hasta el propio Partido Popular ha sido imputado por borrar hasta 35 veces los discos duros de los portátiles que utilizaba su extesorero Luis Bárcenas en los que, según este, se almacenaban documentos que acreditaban la contabilidad en b del partido. Eso le supuso el honor de ser el primer partido imputado en democracia.

La 15Mpedia recogió, hasta 2013, más de 40 cargos del Partido Popular condenados. Desde entonces ha seguido creciendo la lista según se fueron celebrando los juicios: la exconsellera de Turismo de la Comunidad Valenciana Milagrosa Martínez (rama valenciana de la Gürtel), Rodrigo Rato (Tarjetas Black), Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia (Gürtel).

Los distintos casos en los que se investigan las posibles adjudicaciones de contratos públicos a cambio de dinero para el partido ya tenían como precedente el caso Naseiro (1989), que tuvo como implicado al tesorero de Alianza Popular entre los años 1987 y 1990.

Empresarios que dan comisiones a cambio de contratas más tesorero como principal investigado más cargos varios del partido que hacen de intermediarios con los empresarios. El esquema se repite desde hace al menos 28 años.

2. Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.

Por definición, un partido político establece rígidas normas y una jerarquía clara. El debate interno, no obstante, es mayor –al menos en teoría– que en una organización criminal. En el caso de Madrid, la escalada hasta las partes superiores de la pirámide también se ha producido desde abajo.

Las salpicaduras de los distintos subalternos en la escala del grupo no llegaron inmediatamente al vértice de la pirámide. En 2013, Juan José Güemes y Manuel Lamela fueron imputados por cohecho y prevaricación por su papel como consejeros en el proceso de privatización de la sanidad en Madrid.

Un año después, la Justicia escalaba un paso más. Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y exconsejero de Presidencia, era imputado en el marco de la Operación Púnica. Entre los cargos que se le imputaron estaba el de organización criminal. El juez Eloy Velasco consideraba entonces que Granados era el centro de una “amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”.

En el caso Lezo (Canal de Isabel II), la imputación por organización criminal ha cobrado especial relevancia después de que se haya sabido que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, presionó para que no se investigase por este delito a Ignacio González. El juez Velasco sí ha dado luz verde a que se le investigue por dirigir una “organización destinada al saqueo del Canal”. A la lista de delitos supuestamente cometidos por González se suman los de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales.

El mismo delito de organización criminal ha sido expuesto por los investigadores del caso Taula, que afecta al PP de Valencia por financiación irregular. En el marco del caso Bárcenas, el ‘gordo’ de la organización criminal recayó en Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, extesoreros y exgerente del PP, respectivamente.

En el caso de las autoinculpaciones, la práctica no parece demasiado extendida en los casos de corrupción más populares de los últimos años, pero sí se ha producido. Por ejemplo, Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, afirmó que se sentía engañado tras haberse declarado culpable por cohecho impropio porque “personalmente me lo pidió” Francisco Camps.

¿Son los cabecillas en los respectivos casos o solo actores secundarios? Los juzgados decidirán según cada caso. La escalada hasta el vértice de la trama es tradicionalmente la parte más complicada de este tipo de procesos. De nada sirvió el testimonio del “arrepentido” Tommaso Buscetta para que se produjese una condena de Giulio Andreotti en el Caso Tangentopoli.

3. Actuación prolongada en el tiempo o indefinida.

El primer apunte de las notas de la contabilidad B del partido de Génova se remonta al año 1990. Probar que la actuación delictiva que se investiga se produjo de forma “constante e ininterrumpida” es una de las claves para que no prescriban una serie de delitos supuestamente cometidos en ese periodo.

Los delitos investigados en las operaciones Púnica y Lezo se remontan hasta 2003, el año en el que Esperanza Aguirre fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Poco antes, el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, había hecho una aportación de más de 200.000 euros al gerente del PP nacional, Luis Bárcenas, en concepto de donativos para la campaña de las municipales de 2003.

En el caso de la Operación Lezo, las supuestas irregularidades en el Canal se remontan a 2003, e incluso antes, si se atiende a uno de los “pinchazos” telefónicos que han trascendido del sumario del caso. “Lo de 2001 sí que fue un pelotazo”, dice en ese pinchazo Ignacio González, en referencia a una irregularidad cometida por la anterior administración del Canal durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la CAM. Una irregularidad que González nunca denunció.

4. Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública.

Actos delictivos graves: organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude (Púnica). Blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias (Gürtel). Apropiación indebida, administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para alterar el precio de las cosas (Caso Bankia). Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios (Lezo).

Las técnicas o métodos de ejecución van desde las rudimentarias anotaciones en los libros de contabilidad hasta el uso de teléfonos durante cortos periodos de tiempo para evitar las escuchas. Esta táctica, que ha salido a la luz durante la instrucción del caso Lezo y que, según la Cadena SER tuvo un coste de más de cien mil euros para la población madrileña, fue el medio usado para eludir las escuchas telefónicas que, finalmente, han salido a la luz.

Las sospechas de que estos métodos de precaución ya se habían plasmado en las investigaciones del espionaje político en la Comunidad de Madrid, un caso que fue reabierto en 2016 tras su archivo en 2008. El propio partido reconoció, después de años negándolo, que se produjo una “operativa antijurídica” por parte de personas de la Administración Regional de la Comunidad de Madrid “que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”.

Además, los organizadores de la querella presentada hoy denuncian el uso de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (ICM) para sufragar los gastos electorales, al menos en 2012 y 2013.

5. Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.

Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití son algunos de los países en los que se llevaron a cabo operaciones que están siendo investigadas en el marco del caso Lezo.

En cuanto a la movilidad territorial, quedan pocos vacíos en la larga lista de casos de corrupción en los que está implicado el PP, vacíos que se justifican en una premisa simple: los casos brotan allí donde el partido ha gobernado. Baleares (Andratx, Funeraria, Palma Arena), Galicia (Baltar, Pokemon, Campeón), País Valenciano (Brugal, Taula, Fabra) o Madrid (Guateque, Fundescam, Púnica o Lezo) son los territorios principales. Aunque la especialidad del partido ha sido la transversalidad, aquellos casos que afectan a varios territorios, entre los que los papeles de Bárcenas o Gürtel son los más sonados.

6. Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave.

Un terreno pantanoso. Las denuncias públicas de misteriosas muertes apenas han llegado a sede judicial. La prensa ha especulado en varios artículos sobre la relación de fallecimientos y casos de corrupción. Desde 2009, como publicó El Español, ya se han producido nueve muertes de personas relacionadas con el caso Gürtel. La muerte del fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, encargado de los casos Pokemon y Campeón, también tiene que ser anotada en esta relación.

En el caso de Álvaro Lapuerta, pieza clave en el caso Bárcenas, durante un tiempo se especuló con las circunstancias de dos caídas que tuvieron lugar en su domicilio. Caídas “extrañas”, en palabras de sus hijos, que han quedado como muestra de la torpeza del extesorero del partido.

La divulgación ayer por parte de El Independiente de una conversación entre Ignacio González y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, incluía una presunta broma del ya entonces expresidente acerca de la investigación de su ático: “Exactamente, no, yo ya les he dicho: ‘Mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros al juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?”. Por supuesto, cualquier parecido con una película de gángsters es pura coincidencia.

7. Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para garantizar el éxito de sus actividades delictivas.

Special Events, Orange Market o Pasaneda Viajes son algunas de las estructuras, a nombre del exsecretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, utilizadas en el caso Gürtel. En el caso de la Operación Lezo no hacía falta crear nada: la gran empresa pública madrileña Canal de Isabel II le habría servido a Ignacio González para embolsarse –y embolsar a su partido, pasando antes por paraísos fiscales– importantes sumas de dinero a través de adjudicaciones infladas o compras muy por encima del precio debido, con la complicidad de alguno de sus altos directivos.

Aun así, las compras fraudulentas y con sobreprecios de algunas empresas en Latinoamérica, como la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, son claves en el caso Lezo. Cinco de las empresas adquiridas por el Canal ya han sido liquidadas y otras seis están en proceso de cierre.

8. Actividades de blanqueo de capitales.

Pese a su tono de eterno bronceado, el exministro Eduardo Zaplana ha aparecido en el caso Lezo como presunto asociado de Ignacio González para una operación de blanqueo de capitales que González quiso llevar a cabo. Zaplana ha negado toda relación con los hechos.

La operación de “blanqueo” que presuntamente se iba a realizar con la ayuda de Zaplana –consistente en una patente para la desinfección de agua– no era la única manera con la que González quiso hacer aflorar parte del dinero ganado ilícitamente, según se colige de la investigación. Una red de guarderías y la compra de acciones de la empresa Auditel son los otros negocios previstos para transformar el “dinerillo b” en fondos legales del matrimonio González-Cavero, según se ha sabido por una de las conversaciones filtradas y publicadas por Europa Press.

El rival político de González, Francisco Granados, también hizo sus pinitos en cuanto a técnicas de lavado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil expuso sus dudas sobre el origen del dinero con que el hermano de Granados hizo frente al pago de parte de los 360.000 euros usados para la compra de un piso. No es la única operación de este tipo que se achaca al exsenador. Granados también habría utilizado, presuntamente, a su suegro para realizar este tipo de operaciones.

Las técnicas de blanqueo más depuradas, no obstante, son las que –presuntamente– diseñó Luis Bárcenas para hacer legales las donaciones en B a la caja del partido. Las mismas que, según la Guardia Civil, utilizaba el PP de Valencia. En Suiza se estableció que Bárcenas era un PEP –persona expuesta políticamente–, la nomenclatura usada por el Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero para identificar fondos procedentes del blanqueo cuando éste no alcanza únicamente el dinero de sobornos o robos, sino también el que pueda proceder de activos del Estado, de instituciones, partidos o sindicatos.

9. Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción.

Ana Garrido Ramos fue técnica del área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Boadilla hasta que, en 2007, se resistió a “entrar en la rueda”, según explicaba a Diagonal en septiembre de 2016. Garrido denunció en una carta enviada a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cómo, con Arturo González Panero como alcalde de este municipio, se presionaba a los técnicos para realizar “adjudicaciones a dedo y para elaborar pliegos de condiciones a medida”. Destapó el caso Gürtel, pero no le hicieron caso, perdió su empleo y sufrió una campaña de desprestigio.

Noticia relacionada: “Yo destapé un caso de corrupción”.

En todos los casos de corrupción que salpican al Partido Popular hay cargos públicos implicados de manera activa o pasiva. Pero en el caso Lezo destacan también los medios de comunicación implicados: el director y el presidente de La Razón –que habrían presionado a Cristina Cifuentes para que no desvelara las irregularidades que desde la Comunidad de Madrid ya habían detectado en cuanto al Canal de Isabel II, investigación archivada provisionalmente a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

10. Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica.

Cuando la influencia política ya se tiene, la finalidad primordial pasa a mantenerla y a la obtención continuada de beneficios. Hasta ahora, el agujero en las arcas públicas ocasionado por el caso Lezo se calcula en más de 23 millones de euros, aunque esta cifra solo parte de la compra irregular de la empresa brasileña Emissao por parte de Canal de Isabel II. En el caso de la Gürtel son al menos 863 los millones de euros robados.

Parte del (supuesto) botín habría ido a parar a bolsillos particulares, pero otra parte cumpliría con el objetivo de mantener la influencia política, es decir, volver a ganar elecciones, mediante financiación ilegal de campañas electorales.

En el caso Lezo, González habría utilizado contratos inflados con hasta nueve empresas para pagar las deudas de la campaña electoral del Partido Popular de Madrid de 2011. Según la Fiscalía Anticorrupción, la Gürtel habría pagado las campañas electorales de Esperanza Aguirre –la misma que, compungida, acaba de dimitir al sentirse traicionada– de los años 2003 y 2007; y hasta habría ideado el lema de la campaña electoral que perdió Rajoy en 2004, ese que decía “Juntos vamos a más”, justo después de la tragedia del 11M. El Fundescam también habría pagado la campaña de Aguirre de 2003, según confesó Francisco Correa en octubre de 2015. El caso Taula habría aupado a Rita Barberá … y así seguimos.

[8- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, «BOE» núm. 66, de 18 de marzo de 2009.

[12- Quién es quién en el jugoso negocio de la privatización del Canal de Isabel II, Ciudadanas y ciudadanos por el cambio en Leganés, 11-03-2013

[13Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II:

Acción en Red

Amigos de la Tierra

Asociación de Vecinos Barrio del Lucero

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

Asociación de Vecinos La Unión de Vallecas

Asociación de Vecinos Palomeras Alta

Asociación de Vecinos Barrio de Vicálvaro

Asociación de Vecinos Barrio de La Guindalera

Asociación Vecinal Madrid Sur

Attac

Campaña por la Gestión 100% Pública del Agua

Comisiones Obreras de Madrid

Ecologistas en Acción

Equo

Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada (GLITC)

Iniciativa Servicios 100% Públicos

Izquierda Anticapitalista

Izquierda Unida - Comunidad de Madrid (IU-CM)

Parque Si en Chamberí

Sección Sindical de CCOO de CYII

Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE)

Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid).

[14Diario derechista perteneciente al grupo Planeta.

[15Canal de Isabel II: Empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada del suministro de agua y resto del ciclo del agua.

[16El gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, un ejemplo impecable de neoliberalismo: la lideresa, el legado, el heredero y la izquierda

Carlos Girbau, Sin Permiso, 30/09/2012

El pasado 17 de septiembre, Esperanza Aguirre, Presidenta de La Comunidad de Madrid presentaba su dimisión por sorpresa. Nueve días después el hasta ese momento Vicepresidente y mano derecha de Aguirre, Ignacio González, ha sido elegido por la Cámara parlamentaria como nuevo presidente de la Comunidad. La dimisión pone fin a una etapa que se inició de manera polémica hace ya casi 10 años. Su sucesor es el cuarto presidente de Madrid, el tercero del PP y el primero que llega al cargo sin haber concurrido como cabeza de lista en las elecciones. Se da el caso que hoy en la alcaldía de Madrid ciudad y en la presidencia de Madrid Comunidad hay dos personas no escogidas por la ciudadanía para ese puesto.

La lideresa

Esperanza Fuencisla Aguirre Gil de Biedma, Condesa consorte de Murillo, nieta del Conde de Sepúlveda y Grande de España llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en octubre de 2003 tras lo que se conoció como el Tamayazo. La operación supuestamente organizada por el capitalismo inmobiliario, al que Aguirre por cierto ha estado siempre muy ligada, y gracias al cual supuestamente se compraron las voluntades de dos diputados del Partido Socialista madrileño, Eduardo Tamayo y María Teresa Saez. Ambos decidieron no votar a Rafael Simancas, candidato socialista que, con los votos de Izquierda Unida, iba a hacerse con los mandos de la Comunidad tras 8 años de gobierno conservador. Ese día marcó cosas fundamentales. La primera de ellas que en la Comunidad, el gran capital, en particular el relacionado con la construcción, estaba en condiciones de dominar la voluntad de los electores y, la segunda, que el modelo neoliberal necesitaba para imponerse una democracia de baja intensidad y una izquierda desarmada.

En su biografía, Esperanza Aguirre se presenta como liberal y partidaria de la reducción de lo público. A pesar de ello, no dudó en empezar su vida laboral agarrándose al Estado al llegar por oposición al Cuerpo de Técnicos en Información y Turismo dependiente hoy del Ministerio de Industria.

Bajo su mandato Madrid se transformó en el conejillo de indias favorito de todos los experimentos neoliberales. El modelo de crecimiento seguido en la época de bonanza se basó claramente en el ladrillo, el uso extensivo y depredador del territorio, el endeudamiento privado, la reducción de la industria y el crecimiento de un trabajo precario, mal pagado y de escaso valor añadido, centrado en los servicios, incluido el doméstico.

La política pública que se hizo con un presupuesto de 20 mil millones fue de sistemática rebaja de impuestos a los sectores más pudientes y de transferencia del dinero público al sector privado, gracias a un sistema de privatizaciones que se ha cebado, especialmente, en la sanidad, la educación y las políticas sociales. El aparato del Estado ha sido exprimido a fondo para tales fines. No ha habido reparos. El Estado ha dejado de cumplir en muchos campos su función de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y sus derechos, para pasar a ser una maquinaria potentísima capaz de doblegar, junto a las grandes empresas, al conjunto de la sociedad. En manos de la lideresa, lo público, el común, ha pasado a ser, sobre todo, patrimonio y garantía para el 3,5% de los censados en la Comunidad, los más ricos.

Tras exprimir el limón de las cuentas públicas la lideresa no ha resuelto nada de lo que supuestamente se proponía. En Madrid hay más desempleo, más deuda, peores servicios y menos industria. En su último debate del Estado de la región sólo defendió cuatro propuestas: Dar facilidades a la juventud para que emigre a Alemania, defender la reducción del número de parlamentarios, la desaparición, entre otros organismos, del Consejo Económico y Social; transferir directamente el dinero de las políticas de formación a las empresas, quitándoselo a los sindicatos y solicitar, por último, devolver al Estado competencias como el derecho universal a la justicia

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a saquear!!!

El legado

La Comunidad de Madrid, según los datos de su página web oficial es la autonomía más rica de España. Su peso en el PIB español es del 19,6% sobre el total. Según Eurostad, el PIB de la Comunidad es más del 135% del promedio de la UE y su PIB por habitante (según el INE) es de 29.731 (Andalucía 17.587).

A pesar de ello, el gasto social de Madrid es únicamente de 207,39 por habitante (72,64 por debajo de la media estatal). El número de sus camas hospitalarias por mil habitantes es de las más bajas de España (3,5), por debajo incluso de regiones españolas con un PIB sustancialmente menor. Pensemos que la media de la UE en este campo está en 7,5, muy cerca de las recomendaciones de la OMS que son entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes. Cáritas, en su último informe sobre la pobreza en España, señala que la tasa de pobreza en Madrid está situada en una franja de entre el 10 y el 15% de su población y que el riesgo real de exclusión social se eleva al 22% del conjunto de sus habitantes. Por su parte, las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que los desempleados son ya más de 600 mil personas. Es decir, 500 personas pierden diariamente su empleo y 35 familias sus casas, víctimas de los deshaucios. Cáritas concluye que en Madrid la pobreza es más intensa, más extensa y más crónica que nunca.

En cuanto a políticas de igualdad y participación, el legado de Aguirre es un retroceso significativo. A finales de 2011 desaparecieron los más de 80 órganos de participación ciudadana existentes. Entre ellos, el Consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, las ayudas y las subvenciones a las asociaciones de mujeres. Así mismo, se ha frenado la puesta en marcha de planes de igualdad o contra la violencia de género. Ahora, a todo ello se suma la ya mencionada desaparición del CES, la Oficina de Protección de datos y se privatiza TeleMadrid así como el Canal de Isabel II.

En política fiscal, Madrid ha renunciado a recursos presupuestarios básicos, valorados en aproximadamente 2.821 millones de euros. Se han suprimido impuestos directos dentro del tramo autonómico del IRPF además del impuesto de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto de Patrimonio. Se han otorgado rebajas fiscales para quienes usan la educación privada en conceptos como la escolaridad y vestuario que llegan hasta los 900€ por hijo.

A partir de 2012 se han extendido las tasas, se han creado 35 nuevas, el doble de las existentes. Ya se paga por todo.

Completa el legado el que el Presupuesto y la distribución de sus partidas son usadas de manera sistemática como un instrumento en el que se potencia y se protege, por encima de cualquier otro concepto, el pago de las externalizaciones de servicios y el coste de los recursos privatizados por encima de los estrictamente públicos.

Hoy en la Comunidad, más del 50% de los actos médicos no se realizan con medios públicos y más del 50% de alumnos no van ya a una escuela 100% pública, si bien el pago de todo ello sigue saliendo de los fondos públicos.

Pero sin duda alguna, dos datos resaltan por encima de todos los demás en estas últimas fechas. El primero, la quiebra de Bankia, medio prevista por el Banco de España en el año 2006. Bankia pagó la primera fase de la borrachera neoliberal. Fue el financiador por excelencia del empeño por enladrillarlo todo y la cultura del pelotazo en la Comunidad. Su política de préstamos, su sobre-exposición a los financiadores extranjeros, sus preferentes ... Todo eran medidas que, de la mano del presidente que puso Aznar, Blesa, engordaban la cuenta de la fiesta. El precio de la misma ya lo conocemos: 23 mil millones que hemos de poner todos los ciudadanos. Ese es el saldo de eficacia en la gestión y la gestión que hicieron los técnicos.

El segundo dato, no menos preocupante, es la defensa acérrima de la llegada del macro complejo Eurovegas, de la mano del turbio financiador del Tea Party americano, Adelson. De un lado, porque la receta neoliberal que se propone es la misma que nos llevó a la ruina de hoy. Del otro, por el propio modelo en sí. Un modelo que el propio alcalde de Las Vegas, Nevada, no ha dejado de criticar y señalar que, si se quiere cohesión y progreso social, abrir casinos no es precisamente el camino a seguir.

El heredero y la izquierda

Ignacio González González es, como su mentora, funcionario por oposición; en este caso, del Ayuntamiento de Madrid. Su carrera política ha transcurrido a la sombra de la Lideresa.

A lo largo de los últimos años se ha visto envuelto en todo tipo de escándalos. Varios de ellos relacionados con la creación de su importante patrimonio o el de su familia. Otro escándalo fue el del espionaje del que no se sabe si sólo fue víctima o partícipe y que tuvo su centro en los despachos de la Comunidad. Hay denuncias de viajes de placer, por ejemplo a Sudáfrica, pagados por empresarios a los que se dio contratos en empresas públicas. Es conocido su sonoro fracaso en el intento por hacerse con la presidencia de Bankia antes de que lo hiciera Rodrigo Rato o los dosieres nunca investigados sobre comisiones y pelotazos urbanísticos. En resumen, un digno sucesor que en su discurso de investidura no ha dudado en llorar a su predecesora y aplicarse, más si cabe, en la tijera y las privatizaciones.

Tras el Tamayazo, la izquierda sufrió importantes heridas que la han dejado por años como un boxeador sonado que no sabe bien qué le ocurre y que, a la vez, se siente incapaz de responder a los golpes que recibe. Por otra parte, en estos años, el panorama político ha pasado de ser un escenario con tres actores (PP, PSOE e IU), a ser uno de cuatro debido a la entrada de UPD.

El desgaste provocado por la crisis y unos ataques que ya no distinguen entre trabajadores industriales, pequeños propietarios, mujeres, desempleados, médicos, profesores o jóvenes han provocado un conjunto de respuestas, de mareas de todos los colores que con su empeño por frenar la podadora del recorte están abriendo la puerta a cambios en el campo de las organizaciones sociales y que seguro forzarán mudas en la política. Mudas que van aún lentas y que no está claro, precisamente tras la entrada en liza de UPD, que señalen obligadamente hacia la izquierda.

Caminar hacia la izquierda necesita, además del desgaste y división de una derecha que domina claramente la escena en la Comunidad que alberga la capital, de varios elementos que deben conducir a formar una mayoría social que permita sostener una alternativa de gobierno anti-recortes y a favor de dignificar y usar lo público como verdadero eje vertebrador de cohesión, de derechos, de avance y progreso social.

Para que ello ocurra, además de seguir animando la movilización social siempre que ésta sea posible y a la ciudadanía a ocupar tiempo en la defensa del común, debe sostenerse (contra el PP) el municipalismo y la propia autonomía madrileña. El cerco financiero al que están sometidos los ayuntamientos y el intento de devolver competencias al Estado, deben ser respondidos profundizando los mecanismos de democracia participativa, a la par que se pide la reforma del Estatuto madrileño con el objetivo de que éste dé cabida, garantía y blindaje a los derechos de los ciudadanos ahora en plena venta.

Forzosamente, regenerar la izquierda y lograr una nueva mayoría social que permita frenar los recortes, implica más cambios que los aquí indicados, empezando por el esbozo de un cierto acuerdo programático común. Ahora bien, no por ello, lo antes indicado, dejará de estar en el fondo de los retos de esa nueva mayoría por ganar.

Carlos Girbau es coordinador del Foro Social de Madrid.

[17Mariano Rajoy dirigió 5 campañas electorales financiadas en parte con dinero de la trama Gürtel.

[18En este gráfico se muestra a los principales encausados que han tenido importantes responsabilidades en la Comunidad de Madrid y que demuestran que a la caza-talentos del PP le ha salido más de una rana:

[19Red de financiación ilegal del Partido Popular y enriquecimiento ilícito de los máximos cargos del PP.