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Junta Ejecutiva Federal de la FeSP
Federación de Sindicatos de Periodistas
22 mayo 2017

Imprescindible defensa de la libertad de información, frente a la corrupción

Prosiguen amenazas contra la libertad de información.
Rechazo a declaraciones del fiscal general del estado, del fiscal jefe Anticorrupción y del ministro portavoz del gobierno.

Lunes 22 de mayo de 2017, por Redacción

Continuando con arraigadas prácticas en la cultura judicial y política española [1], la reacción ante la incontenible peste de Corrupción, que todo lo contamina y enfanga, es una vez más intentar matar al mensajero. Para lo cual no se duda en proposiciones que chocarían frontalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo artículo 33 recomienda a los estados «incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención». ¡¡¡Qué más añadir!!! Para concluír, se adjunta el texto de Manuel Cerdán Alenda, Doctor en Ciencias de la Información, El periodista ante el secreto del sumario, publicado en 2010, por entender que tampoco ha perdido actualidad ni oportunidad.

La FeSP expresa su preocupación ante las sugerencias de estudiar medidas contra la difusión de noticias de sumarios declarados secretos, y pide protección para quienes las filtran a los medios.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) muestra su preocupación ante declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, por el fiscal jefe Anticorrupción y por el ministro portavoz del Gobierno, quienes han lamentado que los medios de comunicación publiquen informaciones de sumarios declarados secretos aunque sean de interés general y, en el caso de los fiscales citados, han pedido que se estudien medidas para evitar la difusión de esas noticias.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Moix, se ha mostrado partidario de estudiar medidas para evitar que se publiquen informaciones de sumarios judiciales declarados secretos y ha dicho, como ejemplo, que en Alemania se castiga a esos medios [2] . El fiscal general, José Manuel Maza, ha pedido al Congreso de los Diputados que le den "herramientas legales" para combatir esas filtraciones [3] . El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamado a los medios "mesura y cierta cautela" en esos casos [4].

Aunque ellos dicen que no se trata de actuar contra los medios, sino de proteger los sumarios secretos para no perjudicar las investigaciones judiciales, es muy preocupante que desde el Gobierno y desde la cúpula del Ministerio Fiscal se planteen la posibilidad de estudiar medidas que limitarían claramente la libertad de expresión e información.

Ante esas declaraciones, que se suman a reformas legales aprobadas en los últimos años que han limitado la libertad de expresión e información, la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas manifiesta:

* Que los periodistas y los medios de comunicación tienen la obligación de difundir esas informaciones, si cumplen con los criterios de veracidad exigibles y son de relevancia e interés general.

* Que cualquier medida que pudiera adoptarse para evitar o controlar la difusión de esas noticias vulneraría derechos fundamentales de la ciudadanía y de los profesionales de la información.

* Que si las Cortes Generales aprueban alguna norma legal que limite el derecho a la información se estarán incumpliendo tratados internacionales que ha suscrito España.

* Que los periodistas y los medios de comunicación no son los responsables de las filtraciones que puedan producirse desde cualquier departamento de la Administración Pública, como han sentenciado reiteradamente los tribunales.

En los países de la Unión Europea no sólo no está prohibida la publicación de noticias de interés general que llegan a los medios de comunicación de manera anónima, tanto referidas a la Administración Pública como a empresas estratégicas o a otras instancias, sino que esa práctica se considera una herramienta eficaz contra la corrupción. Por ese motivo, numerosas asociaciones, sindicatos de periodistas y colectivos y organismos coinciden en la necesidad de proteger legalmente a quien filtra informaciones de interés para denunciar prácticas ilegales o hechos delictivos.

- Hay que recordar que el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción [5] recomienda a los Estados incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención ”.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP [6].

Rechazo a una sugerencia del fiscal jefe Anticorrupción

La FeSP lamenta que Miguel Moix sea partidario de estudiar posibles medidas para impedir la difusión de sumarios declarados secretos, aunque sean de interés general.

La Federación de Sindicatos de Periodistas ha expresado su rotundo rechazo a las declaraciones realizadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Miguel Moix, quien se ha mostrado partidario de estudiar la posibilidad de buscar medidas para evitar la filtración de sumarios a los medios de comunicación.

En declaraciones a la agencia Servimedia, el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, ha afirmado que «cualquier limitación que se imponga para impedir la difusión de informaciones contenidas en sumarios que son de interés general constituiría una censura que la Contitución española prohíbe».

El fiscal Moix ha declarado en Onda Cero que en Alemania se sanciona al medio de comunicación que publica la información contenida en un sumario que está declarado secreto. Él no dice que haya que hacerlo también en España, pero se mostró partidario de valorar las medidas que se pueden adoptar para evitar la difusión de esas noticias.

Agustín Yanel mostró su sorpresa porque un fiscal se plantee la posibilidad de estudiar la imposición de limitaciones a un derecho constitucional y humano como es el de la libertad de información. «El periodista tiene siempre la obligación de conseguir por medios lícitos cualquier información que sea de interés general y difundirla", añadió. "Si un funcionario comete un delito de revelación de secretos u otro es algo totalmente ajeno al informador».

- El secretario general de la FeSP considera que estas declaraciones son «una muestra más del retroceso que se está viviendo en España en el terreno de la libertad de prensa, favorecido por normas como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o las últimas reformas del Código Penal [7], conocidas como leyes Mordaza» [8].

En este sentido, recordó que el juez de la Audiencia Nacional Arturo Zamarriego ha citado a declarar como imputados al director y a tres periodistas del diario El Mundo, y al presidente del consejo de administración de Unidad Editorial, por haber publicado junto a once periódicos de Europa la presunta trama de evasión fiscal conocida como FootballLeaks [9], protagonizada por varios jugadores de fútbol [10].

La FeSP apoya a los periodistas de ‘El Mundo’ imputados por #FootballLeaks

Un juez los ha citado a declarar como “investigados” por publicar, junto a otros 11 diarios europeos, esa presunta trama de evasión fiscal de estrellas futbolísticas

Madrid, 26 de abril de 2017.

- La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) –a la que pertenece el SPM-– ha mostrado su apoyo y solidaridad al director de ‘El Mundo’, el presidente del Grupo Unidad Editorial y tres periodistas de ese medio, que han sido citados por un juez para declarar como investigados por haber publicado varias informaciones del caso conocido como #Football Leaks.

El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, ha afirmado que una decisión tan “sorprendente” como la adoptada por el juez Arturo Zamarriego “no sólo carece de fundamento jurídico, como sin duda dirán los tribunales si sigue adelante, sino que supone un grave atentado contra la libertad de información”.

En diciembre de 2016, ‘El Mundo’ y otros 11 diarios europeos desvelaron una presunta trama de evasión fiscal en la que futbolistas como Cristiano Ronaldo y otros gestionaban sus ingresos por derechos de imagen en varias empresas situadas en paraísos fiscales. Esa información la había obtenido el semanario alemán ‘Der Spiegel’ y fue difundida por la Red de Periodismo de Investigación [11].

Tras recibir una demanda presentada por el despacho de abogados Senn Ferrero –uno de los que gestionaban esos negocios de los futbolistas y de algunos clubes y entrenadores–, el juez ordenó a los 12 diarios que no publicaran más noticias sobre el tema. ‘El Mundo’ no aceptó esa orden y continuó publicando toda la información que tenía, porque consideró que era su obligación profesional.

El juez admitió a trámite la demanda en marzo y ahora ha citado a declarar a esas cinco personas en calidad de investigados por un delito de desobediencia y otro de revelación de secretos.

La FeSP ha expresado su sorpresa por esa decisión del juez, porque el delito de revelación de secretos sólo se comete si el medio que difunde la noticia sabe que esa información ha sido obtenida de manera ilícita, algo que el diario español ha negado.

En el mismo sentido de rechazo a la decisión del juez se han expresado organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI, entre cuyos fundadores está la FeSP), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Reporteros sin Fronteras (RsF).

Para evitar que se repitan decisiones judiciales tan sorprendentes y negativas para la libertad de información y comunicación como ésta, es necesario que las Cortes protejan por ley a los periodistas y los medios que publican informaciones de interés público que alguien les ha hecho llegar, lo que se conoce como filtraciones .

(22 de mayo de 2017)

(Actualización 24 de mayo de 2017)


[1Resulta más que aconsejable, en las actuales circunstancias, una relectura, o lectura en su caso, de Palacio de Injusticia, magnífica obra de Joaquín Navarro Estevan que a pesar de editada en 1998, conserva plena vigencia ---basta su adaptación al tiempo presente sustituyendo unas siglas políticas por otras más populares así como la adecuada modificación de los nombres y apellidos de los personajes protagonistas, tanto de jueces como políticos y periodistas, para no dudar acerca de su más rabiosa actualidad.

Reproducimos, parcialmente, el prólogo de Antonio García Trevijano a Palacio de Injusticia, cuyo texto íntegro se facilita asimismo al pié:

(...)

Todas las escenas pintadas en el libro (desde las de un poderoso editor sin escrúpulos en la administración del dinero ajeno a las de un jefe del Gobierno y sus ministros disponiendo de las vidas, las famas y los fondos públicos o privados; desde las de la terca persecución de fiscales honestos, la perseverante recusación del juez íntegro imputado de conspirar con sus amigos para delinquir, la protección y promoción de los magistrados corruptos o las escuchas de los servicios secretos del Estado a la intimidad de las vidas privadas y la negación de auxilio a la justicia en los crímenes de la autoridad; desde las de castigo a los insumisos y presos de ETA a las de permanente maniobra fraudulenta de la jurisdicción militar y demás jerarquías judiciales en la vida de los procesos políticos) han sido escrupulosamente descritas por Navarro, no como actos meramente ilegales, cometidos por error, ignorancia o iniquidad, sino como productos deliberados de la pura mentira, como fundamento fáctico de las decisiones que, sin mentir, estigmatizarían a los patronos de la justicia.

(…)

Lo que Navarro nos hace contemplar, desde esa única perspectiva leonardesca que nos hace confundir, en este caso, la Justicia con la Verdad, no es que un sistema sin separación de poderes, como el nuestro, no pueda producir jueces y fiscales correctos, pero sí que, en los juicios penales contra miembros del poder político o de su círculo de apoyo, ese juez correcto no podrá actuar con independencia en su juzgado o en su sala, ni ocupar cargos de responsabilidad en la organización judicial. Y que si no pierde su carrera es por la protección social que le da el escándalo. Para disminuir esa protección, los medios de comunicación afines al poder difaman por sistema a los jueces y fiscales correctos.

(…)

En el libro de Navarro no existe el riesgo de que el lector vea lo que pasa en la justicia como una acción, lejana o intimista, que tiene lugar en un mundo cerrado del que él no forma parte. Finos hilos dorados, como los de un guiñol, sujetan por arriba a los muñecos judiciales que los poderes políticos y económicos manejan a distancia. Sin la corrupción sistemática de los patronos sería inimaginable la de los funcionarios judiciales. Y lo que cuenta Navarro del mundo de la Alta Justicia no es diferente, salvo en la mayor mezquindad que origina el menor poder, de lo que sucede en el mundo de la Alta Política y la Alta Finanza, que es donde se condiciona la vida cotidiana de los gobernados.

La composición del libro nos da una visión impresionista de la injusticia servicial que reina en la cabeza -por señalar un sitio visible aunque no pensante- del sistema judicial. La impresión pesimista de la narración inicial (dedicada al Consejo del Poder Judicial y a su Libro Blanco de la Justicia, a la presidencia de la Sala II del Supremo y a la Audiencia Nacional, es decir, al sistema de reparto del botín) queda de sobra aliviada con las divertidas anécdotas profesionales de los actores que danzan al son del poder en los altos tribunales.

Pero donde el libro de Navarro alcanza su mayor fuerza expresiva, donde comunica la vibrante emoción de sus encontrados y vivos sentimientos, es en la narración de las escenas que describen la progresión judicial de la mentira, la traición, la ignorancia, la envidia y la calumnia (Sogecable, fiscales leales, recusación de un juez correcto, traición de otro juez incorrecto, causa especial) y en las violentas escenas finales que retratan la regresión de la justicia a la dureza de la Edad Media, por la maldad, el rencor, el miedo, el infantilismo y la suspicacia de la política represiva en asuntos relacionados con la esfera militar (presos de ETA, insumisos, jurisdicción militar, seguridad del Estado).

(…)

Basta leer la recusación de Gómez de Liaño y la causa especial para que el lector identifique sin dificultad a la Ignorancia y la Sospecha que soplan al instructor de cada proceso, a la Calumnia que se precipita hacia el estrado, a la Traición que tiene miedo de ser atropellada, a la Envidia que enciende el Rencor, al calumniado arrastrado por los suelos a manos de la Envidia, al abogado denunciador, perjuro de mirada penetrante y alma de mendigo asalariado, al Arrepentimiento que lloriquea su flaqueza y a la Verdad que permanece indiferente a la difamación.

(…)

En las épocas de represión o consenso, lo primero que sufre es la Verdad y la libertad de expresada. Navarro la expresa. Pero una parte de ella, la más grave, de forma implícita. No sería posible entender la incorrección judicial que Navarro denuncia a lo largo de su libro (GAL, Filesa, Cesid, ETA, insumisos y jurisdicción militar) sin la corrupción concreta y personal de las altas jerarquías del Estado, del Gobierno y de los grandes medios de comunicación.

Todo el mundo informado lo sabe. Pero nadie se atreve a decido expresamente. Salvo los artistas del humor y, de modo elíptico, algún periodista.

En todas las épocas de corrupción de las costumbres ha sucedido lo mismo. Incapaz de comprender la razón y el secreto de Estado, el pueblo culpa a la justicia de la impunidad de los crímenes políticos o de los políticos. Y, contra lo que podía esperarse, estima menos, y desprecia más, a la institución judicial que a las que la corrompen. Los magistrados, jueces y fiscales tienen en España menos prestigio que los políticos y los periodistas. Esta degradación ha sido muy rápida. Y la causa fundamental está en el comportamiento miserable de los altos tribunales en esos asuntos capitales analizados en el libro.

Aunque, bien pensado, el rebajamiento de la justicia al último grado en la escala de los prestigios institucionales tiene fácil explicación social. Es normal que se desprecie más a un subpoder corrupto que al poder corruptor, al empleado que delinque que al patrón beneficiado con el crimen de aquél. Y una justicia de patronazgo, como la española, siempre será un poder subordinado al de los patronos y, en consecuencia, un subpoder sin autoridad y sin prestigio social.

Aquí no ha bastado la mentira para sepultar la verdad. Ha sido necesario que el subpoder judicial se imponga, además, por la fuerza ejecutiva del poder político y militar. Tan fuerte es el sentimiento de la arbitrariedad judicial en favor de la inmunidad de los crímenes políticos y de políticos que, a pesar de todo lo mal hecho por los tribunales, para retrasar o impedir el buen fin de esos procesos judiciales, todavía se habla de indultos y de no mirar al pasado, desde la misma jefatura del Gobierno y desde los principales medios de información. No mirar al pasado supone la liquidación de la justicia, la destrucción de la balanza y de los platillos que sólo sopesan actos pretéritos y no preteridos.

(…)

Hoy, la justicia está por los suelos en las encuestas sociales. En los capítulos finales, referentes a los presos de ETA, a la jurisdicción militar y a los insumisos, el juez Navarro retira las últimas voladuras ideológicas de la justicia para mirar de cerca y de frente su grotesca cara, infantilmente VIolenta, y el formidable aspecto de su porte guerrero.

(...)

Antonio García Trevijano

Prólogo a

Palacio de Injusticia

de Joaquín Navarro Estevan

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Prólogo a
Palacio de Injusticia
de Joaquín Navarro Estevan
Antonio García Trevijano

[3-Maza respalda a Moix y reclama "herramientas legales" para controlar las filtraciones a la prensa, Actualidad, Resumen diario de la prensa nacional, Periodísticos, 11-05-2017.

[6La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por:

Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)

Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR)

Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC)

Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG )

Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB)

Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)

Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)

Los sindicatos de la FeSP cuentan con más de 3.000 afiliados; una participación de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación jamás imaginada por otro tipo de organizaciones y que supera el número de afiliados a otros sindicatos. La FeSP tiene cerca de 300 delegados sindicales en más de 150 empresas de comunicación. Han sido elegidos por el voto directo de casi 5.000 compañeros y son los legítimos representantes de más de 15.000 trabajadores de la comunicación.

[7

PDF - 18.3 MB

- Código Penal y legislación complementaria, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (24/5/17)

[8Ley mordaza

«Ley mordaza» es un término que se acuña a una ley, en la que se declara delitos libertades tales como la de expresión, información o manifestación. También se denominan leyes mordazas cuando se restringen o limitan por ley actividades que antes se consideraban lícitas. Algunas de las leyes conocidas por haber sido calificadas así son:

En América

(...)

En Europa

DDL intercettazioni o ley de escuchas telefónicas, propuesta de ley presentada en el Parlamento de la República Italiana en 2008.

Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015) (España), ley española cuyo anteproyecto se presentó el 29 de noviembre de 2013, basándose en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992. Esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2015 y entre sus sanciones se encuentran las que se producirán al manifestarse junto al Congreso y al Senado, fotografiar o grabar a policías, parar un desahucio o el maltrato a los animales.

wikipedia.

[9

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Football Leaks

[11

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European Investigative Collaborations (Red Europea de Investigación)