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Boletín semanal 454
30 julio 2017

Gravísima negligencia del Mº de Justicia con LexNet, para Facua

Un ministro ’demócrata’ dimitiría por errores mucho menores.
El Gobierno español intenta maquillar su magnitud

Domingo 30 de julio de 2017, por Redacción

En 1985 escandalizaba declarar, u oir, a (Pedro Pacheco) un abogado y alcalde andalucista (de Jerez de la Frontera) que "la justicia (española) es un cachondeo", y suponía que un juez incoaba un sumario y diligencias, así como que el Colegio de Abogados correspondiente convocaba una reunión urgente de su junta gestora para estudiar tales declaraciones y emprender, si procedían, las medidas disciplinarias oportunas [1] (rtve.es). 32 años después, es tal el descrédito de la justicia en el estado español [2] que prácticamente a nadie sorprende ya cualquier desaguisado o aberración que tenga por protagonista a algún miembro destacado del poder judicial o al propio ministro del ramo. Como Facua subraya: «errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, el Gobierno está intentando maquillar la magnitud de lo ocurrido, que representa un auténtico escándalo ya que se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos». ¿Vale la pena insistir en lo del estado de desecho y en que no podemos ser ni siquiera república bananera, pues rey tenemos y no, en cambio, el suficiente número de bananos?

Enorme agujero de seguridad

FACUA considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia con LexNet

Advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, el Gobierno intenta maquillar su magnitud.

Datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos que hayan participado en cualquier procedimiento judicial han sido accesibles para los cerca de 150.000 abogados y procuradores que utilizan Lexnet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial. FACUA-Consumidores en Acción considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán imposibles de conocer.

Debido al fallo elemental de programación destapado este jueves, con sólo cambiar el ID que le identifica, cualquier abogado o procurador podía publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia. FACUA considera un escándalo de enormes dimensiones el hecho de que los usuarios de LexNet hayan podido acceder a todo tipo de datos de terceros: nombres y apellidos, DNI, domicilios, teléfonos, datos fiscales, números de cuentas bancarias, procedimientos judiciales iniciados, multas, condenas en vía civil, antecedentes penales, imputaciones, informaciones aportadas por Policía y Guardia Civil, datos de mujeres maltratadas, despidos laborales ...

FACUA advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, el Gobierno está intentando maquillar la magnitud de lo ocurrido, que representa un auténtico escándalo ya que se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos.

La asociación alerta asimismo de que resulta una incógnita si existen más fallos de seguridad en LexNet, ya que Justicia se niega a facilitar su código fuente, como también mantiene en secreto buena parte de los datos relativos a las contrataciones realizadas para el desarrollo de este sistema, el nombre de las empresas adjudicatarias y las cantidades que cobraron [3].

Larga lista de errores

Desde su implantación -es obligatorio desde 2016-, numerosos profesionales del Derecho han criticado una larga lista de errores técnicos y de diseño en LexNet, un sistema lento y obsoleto impuesto sin proveer a los juzgados de medios técnicos y humanos necesarios para su correcta aplicación y que está entorpeciendo la labor de todos los operadores de la Administracion de Justicia. FACUA, que se suma a estas denuncias, señala asimismo que resulta muy grave e inquietante que la plataforma esté en manos del Ministerio de Justicia y no del Consejo General del Poder Judicial, algo que vulnera la separación de poderes.

Hasta la fecha no había trascendido una irregularidad de las dimensiones de la que ha salido a la luz este jueves, cuando el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, dio a conocer en Facebook el agujero de seguridad ante la falta de respuesta a su queja por parte del Ministerio. Justicia paralizó durante varias horas el acceso a la plataforma para modificar su código fuente, pero no ha aclarado desde cuándo existía el problema, cuya gravedad ha minimizado [4] con argumentos que vienen refutando públicamente numerosos abogados [5].

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lex net
ministerio de ¿justicia?

Fallo tecnológico

El colapso en LexNet abre un agujero negro en la seguridad jurídica del Estado

Alejandro Tena, Público, Madrid, 29-07-2017

La plataforma telemática, controlada por el Ministerio de Justicia, sirve a abogados, procuradores y administraciones para intercambiar documentos. Letrados y juristas ponen en cuestión el informe del Gobierno quitando importancia al fallo tecnológico del jueves, que dejó sin control y abiertos de par en par los archivos.

Esta semana un error en la seguridad de LexNet, un sistema telemático para el ámbito judicial, propició que abogados y profesionales del Derecho pudieran acceder libremente a los datos personales y protegidos de otros profesionales del sector.

LexNet es una plataforma telemática que sirve a abogados, procuradores y administraciones para intercambiar documentos jurídicos, sentencias y pruebas con los diferentes órganos judiciales del Estado.

El Gobierno de Rajoy puede acceder con facilidad a los expedientes judiciales de los casos de corrupción en los que el PP está inmerso

El problema de seguridad que la plataforma sufrió durante varias horas -incluso días, según algunos abogados han denunciado en Twitter- coadyuvó a que cualquier usuario de LexNet pudiera entrar en los perfiles de otros abogados, únicamente introduciendo el DNI del otro usuario en la barra de direcciones, como se recoge en una amplia información de la web tecnológica Xataca.com [6].

José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, avisó a LexNet de los problemas de vulnerabilidad que estaba sufriendo y posteriormente dio la voz de alarma en las redes sociales.

Muelas verificó la vulnerabilidad de la seguridad de los perfiles de LexNet entrando los perfiles de sus compañeros de despacho desde su cuenta (con su consentimiento).

Ante las denuncias, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado el pasado jueves donde aseguró que no se había producido "ningún acceso indebido a los buzones de LexNet" y que todo se debió a "un defecto en el control de acceso al sistema ocasionado por un error en la programación del código completamente subsanado".

En declaraciones a Público, uno de los abogados que alertó del fallo advierte de que sólo "una auditoría" podrá revelar el daño real

Pese a que el Ministerio de Justicia niega cualquier "acceso indebido", esto es algo que "solo una auditoria podría revelar", señala Muelas en declaraciones a Público.

Desde Facua, por su parte, consideran el agujero de seguridad una "gravísima negligencia" que ha provocado que se desvelen "datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos que hayan participado en cualquier procedimiento judicial".

La información que hay dentro de LexNet

La Guardia Civil o la Policía tienen sus propias cuentas dentro de LexNet para reportar de forma telemática sus informes de atestados a los juzgados. De esta forma cualquier abogado podría acceder a estos datos. Sin embargo, éstos no son los datos más delicados que han podido quedar al descubierto tras la caída de la plataforma jurídica.

También podrían haber sido descubiertos los datos privados de mujeres maltratadas, como por ejemplo lugares de residencia o denuncias interpuestas contra sus agresores, poniéndose en peligro su integridad física.

Además el fallo podría haber permitido que los 150.000 usuarios de la plataforma pudieran acceder a información privada de terceras personas, así como datos fiscales y económicos que deberían estar absolutamente protegidos.

Un sistema obsoleto que depende de Justicia

LexNet, que ya ha sido objeto de críticas anteriormente por sus constantes errores, no está bajo el control del Poder Judicial, sino que su funcionamiento depende directamente del Ministerio de Justicia, por lo que el Ejecutivo de Rajoy podría acceder con gran facilidad a los diferentes expedientes judiciales de los casos de corrupción en los que el PP está inmerso.

LexNet fue impuesta por el Ministerio de Justicia en 2016, que invirtió 7, 28 millones de euros en su creación y administración, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuál es la empresa que se encarga del desarrollo de la plataforma.

Además, el programa, viejo y obsoleto, tiene un ancho de banda de tan sólo 15 megas que no permite fotos a color y que únicamente es compatible con Windows y Mozilla Firefox.

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lexnet

- Más información:

* LexNet, el sistema informático de Justicia, sufre un "fallo crítico" de seguridad y es desconectado durante horas

* El CGPJ investigará si el fallo de seguridad de LexNet abrió el acceso a datos personales

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Prólogo a
Palacio de Injusticia
de Joaquín Navarro Estevan
Antonio García Trevijano

- Traemos de nuevo a colación, y volvemos a aconsejar, una relectura, o lectura en su caso, de Palacio de Injusticia, magnífica obra de Joaquín Navarro Estevan que a pesar de editada en 1998, conserva plena vigencia ---basta su adaptación al tiempo presente sustituyendo unas siglas políticas por otras más populares así como la adecuada modificación de los nombres y apellidos de los personajes protagonistas, tanto de jueces como políticos y periodistas, para no dudar acerca de su más rabiosa actualidad.

Reproducimos, parcialmente, el prólogo de Antonio García Trevijano a Palacio de Injusticia, cuyo texto íntegro se facilita más arriba:

(...)

Todas las escenas pintadas en el libro (desde las de un poderoso editor sin escrúpulos en la administración del dinero ajeno a las de un jefe del Gobierno y sus ministros disponiendo de las vidas, las famas y los fondos públicos o privados; desde las de la terca persecución de fiscales honestos, la perseverante recusación del juez íntegro imputado de conspirar con sus amigos para delinquir, la protección y promoción de los magistrados corruptos o las escuchas de los servicios secretos del Estado a la intimidad de las vidas privadas y la negación de auxilio a la justicia en los crímenes de la autoridad; desde las de castigo a los insumisos y presos de ETA a las de permanente maniobra fraudulenta de la jurisdicción militar y demás jerarquías judiciales en la vida de los procesos políticos) han sido escrupulosamente descritas por Navarro, no como actos meramente ilegales, cometidos por error, ignorancia o iniquidad, sino como productos deliberados de la pura mentira, como fundamento fáctico de las decisiones que, sin mentir, estigmatizarían a los patronos de la justicia.

(…)

Lo que Navarro nos hace contemplar, desde esa única perspectiva leonardesca que nos hace confundir, en este caso, la Justicia con la Verdad, no es que un sistema sin separación de poderes, como el nuestro, no pueda producir jueces y fiscales correctos, pero sí que, en los juicios penales contra miembros del poder político o de su círculo de apoyo, ese juez correcto no podrá actuar con independencia en su juzgado o en su sala, ni ocupar cargos de responsabilidad en la organización judicial. Y que si no pierde su carrera es por la protección social que le da el escándalo. Para disminuir esa protección, los medios de comunicación afines al poder difaman por sistema a los jueces y fiscales correctos.

(…)

En el libro de Navarro no existe el riesgo de que el lector vea lo que pasa en la justicia como una acción, lejana o intimista, que tiene lugar en un mundo cerrado del que él no forma parte. Finos hilos dorados, como los de un guiñol, sujetan por arriba a los muñecos judiciales que los poderes políticos y económicos manejan a distancia. Sin la corrupción sistemática de los patronos sería inimaginable la de los funcionarios judiciales. Y lo que cuenta Navarro del mundo de la Alta Justicia no es diferente, salvo en la mayor mezquindad que origina el menor poder, de lo que sucede en el mundo de la Alta Política y la Alta Finanza, que es donde se condiciona la vida cotidiana de los gobernados.

La composición del libro nos da una visión impresionista de la injusticia servicial que reina en la cabeza -por señalar un sitio visible aunque no pensante- del sistema judicial. La impresión pesimista de la narración inicial (dedicada al Consejo del Poder Judicial y a su Libro Blanco de la Justicia, a la presidencia de la Sala II del Supremo y a la Audiencia Nacional, es decir, al sistema de reparto del botín) queda de sobra aliviada con las divertidas anécdotas profesionales de los actores que danzan al son del poder en los altos tribunales.

Pero donde el libro de Navarro alcanza su mayor fuerza expresiva, donde comunica la vibrante emoción de sus encontrados y vivos sentimientos, es en la narración de las escenas que describen la progresión judicial de la mentira, la traición, la ignorancia, la envidia y la calumnia (Sogecable, fiscales leales, recusación de un juez correcto, traición de otro juez incorrecto, causa especial) y en las violentas escenas finales que retratan la regresión de la justicia a la dureza de la Edad Media, por la maldad, el rencor, el miedo, el infantilismo y la suspicacia de la política represiva en asuntos relacionados con la esfera militar (presos de ETA, insumisos, jurisdicción militar, seguridad del Estado).

(…)

Basta leer la recusación de Gómez de Liaño y la causa especial para que el lector identifique sin dificultad a la Ignorancia y la Sospecha que soplan al instructor de cada proceso, a la Calumnia que se precipita hacia el estrado, a la Traición que tiene miedo de ser atropellada, a la Envidia que enciende el Rencor, al calumniado arrastrado por los suelos a manos de la Envidia, al abogado denunciador, perjuro de mirada penetrante y alma de mendigo asalariado, al Arrepentimiento que lloriquea su flaqueza y a la Verdad que permanece indiferente a la difamación.

(…)

En las épocas de represión o consenso, lo primero que sufre es la Verdad y la libertad de expresada. Navarro la expresa. Pero una parte de ella, la más grave, de forma implícita. No sería posible entender la incorrección judicial que Navarro denuncia a lo largo de su libro (GAL, Filesa, Cesid, ETA, insumisos y jurisdicción militar) sin la corrupción concreta y personal de las altas jerarquías del Estado, del Gobierno y de los grandes medios de comunicación.

Todo el mundo informado lo sabe. Pero nadie se atreve a decido expresamente. Salvo los artistas del humor y, de modo elíptico, algún periodista.

En todas las épocas de corrupción de las costumbres ha sucedido lo mismo. Incapaz de comprender la razón y el secreto de Estado, el pueblo culpa a la justicia de la impunidad de los crímenes políticos o de los políticos. Y, contra lo que podía esperarse, estima menos, y desprecia más, a la institución judicial que a las que la corrompen. Los magistrados, jueces y fiscales tienen en España menos prestigio que los políticos y los periodistas. Esta degradación ha sido muy rápida. Y la causa fundamental está en el comportamiento miserable de los altos tribunales en esos asuntos capitales analizados en el libro.

Aunque, bien pensado, el rebajamiento de la justicia al último grado en la escala de los prestigios institucionales tiene fácil explicación social. Es normal que se desprecie más a un subpoder corrupto que al poder corruptor, al empleado que delinque que al patrón beneficiado con el crimen de aquél. Y una justicia de patronazgo, como la española, siempre será un poder subordinado al de los patronos y, en consecuencia, un subpoder sin autoridad y sin prestigio social.

Aquí no ha bastado la mentira para sepultar la verdad. Ha sido necesario que el subpoder judicial se imponga, además, por la fuerza ejecutiva del poder político y militar. Tan fuerte es el sentimiento de la arbitrariedad judicial en favor de la inmunidad de los crímenes políticos y de políticos que, a pesar de todo lo mal hecho por los tribunales, para retrasar o impedir el buen fin de esos procesos judiciales, todavía se habla de indultos y de no mirar al pasado, desde la misma jefatura del Gobierno y desde los principales medios de información. No mirar al pasado supone la liquidación de la justicia, la destrucción de la balanza y de los platillos que sólo sopesan actos pretéritos y no preteridos.

(…)

Hoy, la justicia está por los suelos en las encuestas sociales. En los capítulos finales, referentes a los presos de ETA, a la jurisdicción militar y a los insumisos, el juez Navarro retira las últimas voladuras ideológicas de la justicia para mirar de cerca y de frente su grotesca cara, infantilmente VIolenta, y el formidable aspecto de su porte guerrero.

(...)

Antonio García Trevijano

Prólogo a

Palacio de Injusticia

de Joaquín Navarro Estevan

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Prólogo a
Palacio de Injusticia
de Joaquín Navarro Estevan
Antonio García Trevijano

(30 de julio de 2017)


[2La Justicia española suspende en independencia

(Publicado 19-02-2017)

[3Para saber cómo se las gasta el PP con las externalizaciones, privatizaciones y demás chanchullos y nichos de corrupción con sus allegados y amigotes, ---además de su «modélica transparencia»---, sírvenos de ejemplo ilustrativo lo que hicieron al respecto Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón, los dos últimos alcaldes de Madrid del Partido Popular, cuyos ’regalos’ en forma de subcontratas han costado a los sufridos habitantes de la capital del rey-no un mínimo de 16 millones de euros:

- Exclusiva Las corruptelas del PP madrileño

Gallardón y Botella ’regalaron’ 16 millones a subcontratas por un software que no se hizo

Carlos Enrique Bayo, Público, Madrid, 04-05-2017

T-Systems e Indra se llevaron la parte del león (14 millones) del desastroso proyecto +TIL del Ayuntamiento de Madrid, externalizado durante 10 años por los gobiernos del PP para que empresas privadas acabaran desarrollando programas de gestión que ahora comercializan, sin que dieran nada operativo a cambio del dinero público que cobraron.

El PP siempre ha defendido que lo más rentable es privatizarlo todo. No cabe duda de que eso ha sido siempre así ... para sus amigos, y especialmente cuando lo que se privatiza es el dinero público.

Un ejemplo más de esa forma de gobernar es el excelente negocio –para unos pocos– que hicieron los gobiernos municipales conservadores en la capital con el proyecto +TIL, que pretendía ser el desarrollo de un innovador programa informático para gestionar los tributos de Madrid y era en realidad un trasvase de fondos públicos a compañías privadas: a lo largo de diez años, el Ayuntamiento regido por Alberto Ruiz-Gallardón, primero, y Ana Botella, después, regalaron generosamente un total de 16 millones de euros a diversas compañías subcontratadas para desarrollar un software que jamás hicieron.

Eso sí, esas empresas –pertenecientes a T-Systems (Deutsche Telekom) e Indra– emplearon ese tiempo y dinero en desarrollar sus propios sistemas informáticos de gestión tributaria, que hoy comercializan en beneficio propio a diferentes ayuntamientos, como el de Gijón, sin que en cambio hayan facilitado al de Madrid ningún programa operativo a cambio de los fondos públicos que cobraron y que duplicaron con creces el presupuesto aprobado por la Administración.

​En realidad, el Ayuntamiento de Madrid más que triplicó el presupuesto formulado en diciembre de 2005 para implementar un "nuevo Sistema Informático de Ingresos Municipales", que ascendía a poco más de 7,5 millones de euros y acabó costando –sin resultado ninguno– casi 21,7 millones de los contribuyentes madrileños, violando además todas las condiciones básicas del pliego de la contratación.

No sólo la Administración había fijado un presupuesto total (7.552.800 euros) que fue groseramente violentado, sino que establecía un plazo máximo de fin de proyecto de 26 meses y estipulaba: "No procede una posible prórroga".

La llegada de Ahora Madrid a la Alcaldía puso fin al despilfarro faraónico del +TIL que enriquecía a empresas amigas del PP

Lo que ocurrió fue descarado: la inversión pública en ese programa fue prorrogada un año tras otro (al final del periodo máximo estipulado, en 2008, lo invertido ya rozaba los 10 millones de euros) sin cumplir ni uno solo de los requerimientos de la contratación, hasta que cuando el PP perdió las elecciones, y se vio obligado a ceder el gobierno municipal a Ahora Madrid, diez años más tarde, se habían dilapidado 21,7 millones en ese programa.

Además, cuando el equipo de Manuela Carmena llegó al gobierno municipal, en junio de 2015, se encontró con que se había previsto la licitación de un nuevo contrato para desarrollo, soporte y mantenimiento del programa +TIL, como un concurso abierto, por importe de 9.428.550,87 euros. Así que, de no haber perdido la Alcaldía el PP, los contribuyentes madrileños habrían desembolsado un total de más de 31 millones de euros en un proyecto faraónico (del que todavía no se ha obtenido resultado ninguno) que sólo ha estado enriqueciendo a empresas privadas amigas de ese partido. Indra está implicada en la presunta financiación ilegal al PP de la Comunidad de Madrid en los casos Púnica y Lezo.

Por supuesto, el nuevo equipo de Ahora Madrid desistió del nuevo contrato previsto por el PP, sin haber llegado a abrir las ofertas ni haberse convocado la Mesa de Contratación, y decidió efectuar ese desarrollo internamente, puesto que el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) cuenta con unos 500 empleados. De hecho, para poner en marcha de nuevo el desarrollo de ese proyecto +TIL –en el que se habían dilapidado 16 millones (los otros 5,7 millones se gastaron en infraestructuras, como ordenadores, servidores o licencias, que se pueden aprovechar)–, sólo ha hecho falta una ampliación de personal de 8 plazas de nivel 22 y una de nivel 26.

En cuanto al mantenimiento del hardware, una vez cerrada la sangría hacia las empresas privadas externas amigas del PP, se ha dotado un presupuesto de medio millón anual a Axpe Consulting y Oracle. Y las labores de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo están siendo realizadas por personal del IAM, en tanto se adjudica un nuevo contrato, que sólo ascenderá a unos 390.000 euros.

Las empresas subcontratadas mostraron una total ineficacia, y un desprecio absoluto de las condiciones, pero fueron contratadas de nuevo, año tras año

En cambio, durante la gestión del PP, T-Systems se embolsó 8,7 millones de euros e Indra otros 5,2 millones, sin que produjeran resultado ninguno de utilidad para el Ayuntamiento de Madrid. Porque lo más sangrante de toda esta historia es que las empresas subcontratadas demostraron una total ineficacia, y un desprecio absoluto de las condiciones de la contratación –fijadas en el pliego, como se puede comprobar en los folios reproducidos al final de esta crónica–, pero fueron contratadas de nuevo, año tras año, por el gobierno municipal del PP.

"Yo denuncié a los propios responsables de la administración del Ayuntamiento la chapuza que se estaba haciendo con ese programa +TIL, y les advertí sobre el riesgo que se corría si se seguía con el proyecto", declara a Público un informático que tuvo un alto cargo técnico en aquella época y que no quiere ser identificado para no comprometer su carrera profesional. "También me entrevisté con Concepción Dancausa (cuando era la primera teniente de Alcalde) en la sede que tenía en Madrid, en Alcalá, y ni puñetero caso".

De hecho, pese a recibir ese aviso de un especialista altamente cualificado, en los siguientes años de gestión de Dancausa, en el equipo de la entonces alcaldesa Ana Botella, se incrementó el presupuesto dedicado al +TIL en un millón más de euros cada año.

El jefe informático acudió también a la oposición, denunciando la situación tanto a concejales del PSOE como de Izquierda Unida, sin que le hicieran caso, y sólo los de UPyD, como Mariano Palacios o David Ortega, se lo tomaron en serio. Pero no contaban con puestos suficientes en el Consistorio como para llevar el tema a un pleno.

[5- La Abogacía exige al Ministerio de Justicia que se refuerce la seguridad de LexNet

Abogacía Española , 27-07-2017

El Ministerio de Justicia ha asegurado la tarde del jueves 27 de julio que no se ha producido ningún acceso indebido a los buzones de LexNET “de un usuario que no fuera el legítimo”. Desde que se conoció el fallo, gracias al aviso de un usuario y a las alertas de Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía ha estado en contacto permanente con el Ministerio para conocer su alcance y pedir su subsanación.

El Ministerio ha hecho publica una nota de prensa, después de que la mañana del 27 de julio se haya producido un “defecto en el control de accesos al sistema”.

Una vez solucionado el fallo y restablecido el servicio, el Consejo General de la Abogacía ha pedido al Ministerio una información completa de la incidencia y ha exigido que garantice la seguridad de LexNET Justicia.