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José Moisés Martín Carretero, Economistas Frente a la Crisis
13 diciembre 2015

Análisis de los programas electorales del 20-D en materia económica

Programa electoral: Podemos, PSOE, Ciudadanos, PP, Unidad Popular-IU y UPyD

Domingo 20 de diciembre de 2015, por Redacción

Los medios, todos prácticamente, y las reiterativas encuestas y sondeos hechos públicos en los últimos meses, han impuesto ---o así lo han pretendido--- que ante las elecciones del 20-D a nivel estatal exista en el peor de los casos un máximo de 4 opciones (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) con las que básicamente configurar el próximo parlamento español; a las demás, ni agua o muy escasa. Y de esos juegos de poder, y del poder, también participan, al parecer, economistas frente a la crisis, uno de cuyos miembros efectúa el análisis de los programas electorales en materia económica de las dichas 4 opciones que reproducimos. Se trata, además, de un escrito anclado en conceptos que no se corresponden (izquierda / derecha, por ejemplo) sino con una estereotipada ideologización. Pero puede resultar útil contar con una aproximación a las propuestas económicas de unos partidos que aspiran a representar en breve a algo tan enigmático como lo es el ’pueblo español’. Recogemos también el programa electoral de Unidad Popular-IU [1] y el de UPyD [2], así como la comparación que realiza la Cadena Ser entre los compromisos electorales de los partidos PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU (Unidad Popular) en 27 cuestiones seleccionadas [3], y un análisis de las propuestas de los 6 citados partidos políticos en materia de I+D+i., llevado a cabo por Ciencia con Futuro [4].

Las elecciones generales del 20 de Diciembre marcarán el devenir de España en los próximos años y configurarán un mapa político que por primera vez en décadas parece realmente abierto. Pero este cambio de siglas, ¿supone también un cambio en las propuestas?

En estos cuatro años de gobierno conservador, la economía ha estado en el centro de la acción legislativa y del debate político. En un momento en el que se vislumbra un cambio de ciclo económico, es fundamental acudir a las urnas conociendo las propuestas de los principales partidos en materia económica.

José Moisés Martín Carretero [5], miembro de Economistas Frente a la Crisis ha publicado una serie de análisis de los programas económicos en ctxt.es bajo el título de “¡Es la ideología, estúpido!”.

LAS PROPUESTAS DE PODEMOS [6]: LA IZQUIERDA ES CUESTIÓN DE GRADO

Hace ahora algo más de un año y medio, Podemos irrumpía en el panorama político español con un mensaje de ruptura del régimen del 78 y con una enmienda a la totalidad de los mecanismos socioeconómicos y políticos que habían llevado a España a la crisis de 2008. Su aparición supuso un importante revulsivo –el golpe en el tablero- en el escenario de los partidos políticos, tanto en el centroderecha –Ciudadanos es, de alguna manera, hijo de Podemos- y en el centroizquierda y la izquierda, con dos partidos disputándose la hegemonía y una tercera fuerza –Izquierda Unida- que no supo o pudo aprovechar el desgaste del bipartidismo pero que tampoco va a desaparecer del espectro político.

Han sido meses muy largos para los fundadores de Podemos, y la transformación de la iniciativa en fuerza política se ha dejado notar no sólo en sus modos y formas, sino también en sus contenidos, y, particularmente, en su programa económico.

Podemos se presentó a las elecciones europeas con un programa nacido de las agrupaciones sociales y políticas que impulsaron su nacimiento, y que pronto fue considerado utópico, irreal e incluso peligroso para nuestra economía. Calificativos todos más interesados en desacreditar el proyecto político que en un análisis sereno de sus propuestas, muchas de las cuales eran no sólo una demanda de los movimientos sociales y movilizaciones ciudadanas –auditoría de la deuda, pero también 35 horas, renta básica, política anti desahucios, reversión de los ajustes en salud y educación- sino también expresión práctica de las ideas de algunos de los economistas que han examinado la naturaleza de la crisis española y europea con una mirada más lúcida.

Es el programa más social. Es técnicamente sólido, de inspiración keynesiana y está a la izquierda de los otros partidos, no porque sea rupturista, sino porque han subido (un poco) más el termostato

Como si de la película “Goodbye Lenin” se tratara, si un militante de Podemos se hubiera dormido en el verano de 2014 y despertara ahora, seguramente quedaría impactado por el cambio. De la acumulación de propuestas del verano de 2014, Podemos ha pasado a presentar un programa coherente, articulado y con un notable nivel de adecuación al contexto económico y social de España. Tal es así que a los sectores más izquierdistas o contestatarios de la formación, o a los economistas con mayor vocación postkeynesiana, es probable que este programa les resulte insuficiente. Entre medias, es imprescindible reconocer dos factores: la presión social a la que han sido sometidos, y el desenlace de la experiencia de Syriza. El equipo de Podemos ha tomado buena nota de estos factores a la hora de diseñar su modelo económico.

El programa está estructurado en torno a cinco objetivos: garantizar el derecho al trabajo y crear empleos decentes, atender a la situación de las personas más afectadas por la crisis, transformar el modelo productivo, disminuir el peso de la deuda, y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Para cumplir con estos objetivos, propone cuatro ámbitos de actuación: terminar con la austeridad –fiscal y salarial-, fortalecer las políticas sociales, realizar reformas estructurales y políticas industriales, y medidas específicas para abordar los problemas de deuda pública y privada. Para cada uno de estos ámbitos de actuación proponen una serie de medidas con diferentes grados de concreción y alcance, muchas de ellas homologables a las de ciudadanos y PSOE –lucha contra el fraude fiscal, por ejemplo- pero otras muchas diferenciadas –aunque, en buena medida, compatibles con las de los socialistas, como veremos.

En materia de política fiscal, Podemos propone reformular en profundidad la gobernanza económica europea, incluyendo una reforma de los estatutos del Banco Central Europeo, la incorporación de la regla de oro para evitar que las inversiones públicas no se incorporen al déficit público, o elevando el fondo Juncker hasta el 5% del presupuesto anual de la Unión Europea. Proponen también una conferencia europea de deuda, uno de los problemas que más claramente identifican, y proponen de esta manera una solución multilateral a la misma. Sugieren también acciones de corte social, como un plan de choque europeo contra la pobreza infantil y un seguro de desempleo común que complemente los sistemas nacionales, propuesta de carácter estabilizador y contracíclica que jugaría como elemento de estabilización fiscal en caso de choques asimétricos.

El programa está estructurado en torno a cinco objetivos: garantizar el derecho al trabajo y crear empleos decentes, atender a la situación de las personas más afectadas por la crisis, transformar el modelo productivo, disminuir el peso de la deuda, y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

En materia laboral, Podemos apuesta por reforzar la negociación colectiva e incrementar el Salario Mínimo Interprofesional con un objetivo similar al planteado por el PSOE –el 60% del salario medio- pero con una senda de crecimiento más intensa en los primeros años. Aunque apuesta por derogar las dos últimas reformas laborales, no dibuja un modelo alternativo completo, limitándose a acortar el plazo de los contratos temporales a un año, o a facilitar la flexibilidad interna en las empresas, al estilo alemán, en el que reducciones de tiempo de trabajo son compensadas parcialmente por el Estado, una medida francamente interesante. En cualquier caso, Podemos confiere al Estado la responsabilidad de garantizar de manera subsidiaria el derecho al trabajo, pero no a través de un programa de trabajo garantizado, sino de la promoción de inversiones que orienten la economía hacia el pleno empleo.

En el ámbito social, destaca su doble idea estrella de renta garantizada –para hogares por debajo del umbral de la pobreza monetaria- y de complemento salarial escalonado, que permitirían salir de la pobreza a cientos de miles de personas. Proponen revertir los recortes en materia de sanidad y educación y dependencia, hacer universal el acceso a la educación infantil, y promover la conciliación entre la vida laboral y la personal, con la implantación progresiva de las 35 horas semanales. En materia de pensiones, proponen derogar las reformas producidas durante la crisis y complementar los ingresos del sistema con un nuevo impuesto, como también propone el PSOE.

En materia fiscal, Podemos plantea –de nuevo- la lucha contra el fraude a través de diferentes medidas (todas, realmente, muy parecidas a las de Ciudadanos o PSOE), incrementar los tramos del IRPF, establecer mínimos en patrimonio, sucesiones y sociedades, y diferenciar el tratamiento fiscal de los beneficios distribuidos como dividendos y los reinvertidos en la propia empresa. Completan su propuesta impositiva el incremento de los impuestos ambientales y la reestructuración del IVA, situando más productos en los tipos reducidos y super reducidos.

En el ámbito del nuevo modelo productivo, destaca la escasa atención que le dedican a la I+D y la innovación, y a la productividad de las empresas. La recurrente preocupación por el tamaño de las empresas española parece haber pasado de largo en las puertas de Podemos. Su propuesta, por el contrario, articula una política industrial basada en planes sectoriales y en la creación y promoción de clusters, la creación de fondos soberanos para la protección de empresas denominadas estratégicas –la versión light de su inicial política de nacionalización- y una profunda revisión del sistema energético, incluyendo el fomento de las energías renovables –que ocupan la centralidad de su propuesta en esta materia- y la eficiencia energética. Podemos está dispuesta a acabar con los privilegios de las grandes eléctricas y sus medidas están destinadas a acabar con los windfall profits, o beneficios recibidos sin justificación productiva alguna. Por último, se mantienen fieles a sus principios y apuestan por integrar todas las entidades financieras rescatadas que siguen en manos del FROB en una banca pública con vocación de banca de inversión, aparte de regular más intensamente el resto del sector bancario. En materia empresarial, Podemos se focaliza en los autónomos –creando la figura del autónomo de responsabilidad limitada- y en el fomento de la economía social. Sus medidas para fomentar el emprendimiento innovador –otro de los mantras de los últimos años- equivalen a un párrafo en su programa.

El equipo de Podemos ha tomado buena nota de la presión social a la que han sido sometidos y del desenlace de la experiencia de Syriza a la hora de diseñar su programa económico.

Finalmente, Podemos recupera su bandera de la reestructuración de la deuda pública. No es un tema menor: en la actualidad los costes de nuestra abultada deuda están presionados a la baja por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, pero una subida de tipos –y algún día subirán- puede poner en aprietos muy serios nuestras cuentas públicas y privadas. Sin embargo, su propuesta de auditoría y reestructuración se queda reducida a la articulación de un mecanismo que lleve a que los bancos rescatados paguen el crédito otorgado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad en 2012. Esta cuantía representa menos del 5% del total de la deuda pública española, por lo que su impacto, más allá del meramente simbólico, es difícilmente significativo. En cuanto a la deuda privada, Podemos propone reestructurar la deuda hipotecaria, ajustándola a su valor de mercado.

Uno de los aspectos más destacables del programa de Podemos es su memoria económica. Podemos presenta una descripción de su política de ingresos y gastos para el horizonte fiscal 2016-2020, que se asemeja en gran medida a la presentada por el PSOE, pero mucho más detallada, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad que debería ser obligatorio para todas las fuerzas políticas. Podemos calcula que con las subidas de ingresos fiscales y su ritmo de consolidación fiscal conseguiría hasta 134.000 millones de euros adicionales en toda la legislatura, suficiente para financiar las políticas sociales y económicas previstas. Estos ingresos supondrían que en 2019 entre 3.5 y 4 puntos de PIB adicionales, situando los ingresos del Estado en el 41%, mientras que el ritmo de consolidación fiscal previsto dejaría el gasto público en el entorno del 43,2%. De acuerdo con los cálculos del equipo económico de Podemos, España saldría del procedimiento de déficit excesivo en 2018, situando el déficit público en el 2,2% en 2019, esto es, 2 puntos por encima de la previsión del PP y 1,2 puntos por encima de la previsión del PSOE. Está por ver, en cualquier caso, si la Comisión y el Eurogrupo le darían a España ese periodo de gracia, máxime después de los permanentes incumplimientos del PP en esta materia durante los años en los que ha gobernado. También queda en entredicho este horizonte fiscal por la ausencia de una reflexión sobre el déficit estructural, que debería estar en 2019 por debajo del 0,5% del PIB potencial, y al que el programa de Podemos no se refiere.

Podemos está dispuesto a acabar con los privilegios de las grandes eléctricas y sus medidas están destinadas a acabar con los windfall profits, o beneficios recibidos sin justificación productiva alguna.

En muchos aspectos, el programa económico de Podemos es cuestión de grado. Su ruta fiscal, cumplidora tardía de las provisiones de la gobernanza económica europea –dos años más tarde de lo previsto- dejaría más espacio fiscal para las políticas sociales y de reactivación económica que las propuestas de PSOE y Ciudadanos, pero no supondría una quiebra con los principios de consolidación fiscal. En materia de política laboral, sus propuestas son bastante homologables a las que proponen los socialistas, al igual que en política industrial. Se separan claramente en el ámbito financiero –mantenimiento de Bankia y BMN como banca pública- y en algunos aspectos sociales –pero no en todos, como por ejemplo en la idea de financiar las pensiones vía impuestos- y son claramente más agresivos en materia fiscal y energética. Destaca sin embargo la ausencia de una reflexión sobre la economía de la innovación y el conocimiento que merezca tal nombre, y su deliberada despreocupación por las raíces profundas de la baja productividad de las empresas españolas. Es el programa más social de los cuatro, y al mismo tiempo el que menos confía en el mercado, al que dedican muy poco esfuerzo. Es, sin duda, un programa bien articulado y técnicamente sólido, de inspiración keynesiana y a la izquierda de los otros partidos, pero no porque sea rupturista, sino porque han subido (un poco) más el termostato. Que esos grados de más permitan construir una sociedad más justa y próspera o que terminen impactando negativamente en nuestra productividad es difícil de predecir a priori y habrá opiniones para todos los gustos, porque el papel lo aguanta todo –particularmente en economía, como hasta los más despistados lectores saben a estas alturas.

A veces un par de grados pueden cambiar completamente el escenario. Sólo hay que mirar a las negociaciones sobre cambio climático, o a cómo nos sentimos cuando tenemos fiebre. La competencia, honestidad y saber hacer de los equipos económicos de Podemos serán determinantes a la hora de encontrar el necesario equilibrio.

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL PSOE [7]: LA SOBRIEDAD SOCIALDEMÓCRATA

Si algo saben los estrategas de Ferraz, es que los acontecimientos políticos han situado el principal caballo de batalla en las elecciones generales de 2015 lejos del debate económico. Y el programa económico con el que se presenta el PSOE a estas elecciones así parece demostrarlo. Una primera lectura del mismo nos recuerda las palabras de John Maynard Keynes, en las que soñaba con el día en el que los economistas se convirtieran en profesionales modestos y competentes como los dentistas. Atendiendo al programa económico de los socialistas, estamos a un paso de ese momento. Que nadie espere encontrar soflamas contra la austeridad o medidas “mediáticas” en el mismo: la mayoría de las propuestas responden a un perfil discreto que sitúan los focos de la propuesta socialista en otros apartados –seguramente en la reforma constitucional-, pero no en el económico.

Pero esta afirmación no debe ser tomada como una descalificación del mismo, en absoluto. Bien al contrario, se trata de un texto denso, de unas noventa páginas en total, que relata de manera detallada toda una batería de propuestas de la más diversa índole, atendiendo tanto a la visión global como a los detalles sectoriales. Es, probablemente, el más completo de los programas económicos que se presentan, y el que tiene el formato más nítidamente identificable como un programa de gobierno. Entre sus líneas, sin embargo, se esconden algunas medidas de calado que destilan una orientación precisa de la política económica, que debe ser leída en su conjunto para resultar creíble. Como los mosaicos que se hicieron famosos hace unos años, una primera visión ofrece una imagen borrosa o casi irreconocible, pero mirando desde una determinada perspectiva ofrece una imagen bastante completa.

El programa socialista es de calado, nítidamente socialdemócrata y deja poco espacio al riesgo y a la especulación. Es una oferta de gestión, poco política, con efectos a muy largo plazo

El programa concentra sus esfuerzos en varios apartados. El primero de ellos, quizá el más destacable de todos, se propone orientar la economía española hacia el conocimiento, la innovación y la digitalización. A diferencia de otros programas, el PSOE considera que esa orientación requiere de una política industrial activa, que más allá de incrementar las cifras de inversión en I+D (hasta el 3%, pero sin horizonte temporal), suponga una nueva arquitectura del sistema nacional de innovación. Le acompañan medidas como el fomento de la compra pública innovadora, la eliminación de trabas económicas y regulatorias al crecimiento de las empresas, y un extenso apartado de apoyo a la internacionalización. Pero lo más destacado de este apartado es sin duda la dedicación extensiva que se hace a recuperar la política sectorial, situándola en primer plano. Parece que en la propuesta socialista, el ministerio de industria tendrá tanto peso como el de economía. Así, el programa aboga por recuperar la industria manufacturera a través de planes sectoriales –sin detallar en unos casos- y de políticas específicas, como el fomento y la creación de clusters sectoriales, o la creación de instrumentos financieros públicos de carácter estratégico –como el Fondo Estratégico de Innovación y Reindustrialización, o el Fondo Estratégico de Capital Riesgo Tecnológico. También proponen reforzar el papel del ICO, de manera que actúe como banca pública de inversiones.

Medidas todas ellas que sorprenden porque dejan un sabor de boca de vocación intervencionista en la economía. Este activismo programático en la determinación de instrumentos de apoyo público a la “reindustrialización” no gustará a los sectores más liberales del electorado de centroizquierda, aunque combina bien con la recuperación de la política industrial que desde hace unos años empieza a ganar peso de nuevo en el debate sobre la política económica.

El segundo gran bloque es el destinado al mercado laboral. El PSOE aboga por arrancar este bloque, de nuevo, con el desarrollo de las políticas pública: Los socialistas proponen una reforma del sistema público de empleo que fomente de la coordinación entre las políticas de protección y las políticas activas y de formación. Reconocen que el sistema no es capaz de responder a los retos que tiene por delante en materia de paro de larga duración y propone reforzar las políticas activas, la formación y extender la protección.

Se trata de un texto denso, de unas noventa páginas, que relata una batería de propuestas de la más diversa índole, atendiendo tanto a la visión global como a los detalles sectoriales. Es, probablemente, el más completo de los programas económicos que se presentan, y el que tiene el formato más nítidamente identificable como un programa de gobierno.

En cualquier caso, su propuesta más definida es la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores, que permita recuperar terreno a la negociación colectiva y al diálogo social, y que actualice algunos de los aspectos clave de nuestro mercado laboral. Los socialistas abogan por una simplificación de los sistemas de contratación, con tres tipos de contrato: indefinido, temporal y de sustitución, y proponen reducir el uso del contrato temporal a un año como máximo. Su palanca fundamental para luchar contra la precariedad es actuar contra el fraude de las contrataciones reforzando la inspección del trabajo. En materia de salarios, proponen subir el salario mínimo interprofesional para situarlo, en dos legislaturas, en un 60% del salario medio neto (que no bruto), lo cual llevaría a un incremento del SMI del 4% nominal anual de promedio, situándolo alrededor de los 14.000 euros en 2023 frente a los actuales 9080.

Destaca también el haber incorporado en el apartado económico buena parte del programa energético y ambiental del PSOE. Los socialistas abogan por políticas ambiciosas de reducción del consumo energético, apuesta por las energías renovables y fomento de la eficiencia, incorporando una de sus novedades: el impuesto a la emisión de dióxido de carbono, una propuesta que la Unión Europea viene sugiriendo en sus revisiones periódicas de nuestro sistema fiscal.

Aborda seguidamente una propuesta fiscal encaminada a incrementar los ingresos públicos en 2 puntos sobre la senda presentada en el Programa Nacional de Reformas, lo cual significa que los ingresos públicos pasarían del 38,2% al 40,2% en 2019, al tiempo que se compromete a reducir el déficit público hasta el 1% en 2019, en coherencia con la senda de estabilidad presupuestaria impuesta por la Unión Europea. Este cálculo equivale a plantear que el gasto público estará en el entorno del 41% del PIB, esto es, ligeramente inferior al actual. Para los socialistas, esta reducción del gasto público en relación con el PIB no se basará en nuevos ajustes fiscales, sino aprovechando el efecto del ciclo, y la reducción de gastos públicos cíclicos (seguro de desempleo) o los intereses de la deuda.

En cualquier caso, el PSOE aboga –como otros partidos- por intensificar la lucha contra el fraude fiscal, fomentar la cooperación internacional en materia tributaria y, y esto sí es una diferencia frente a, por ejemplo, Ciudadanos, incrementando los impuestos. Los socialistas proponen la recuperación de impuestos de sucesiones y patrimonio, estableciendo una base mínima obligatoria para todas las Comunidades Autónomas, así como fijar un límite inferior en el impuesto de sociedades del 15% sobre resultado contable. Abogan también por crear el impuesto sobre el dióxido de carbono y por incrementar la progresividad del IRPF.

Los redactores del programa socialista opinan que estas medidas de incremento de ingresos, así como el efecto del crecimiento económico previsto, podría facilitar el espacio fiscal necesario (unos 3 puntos de PIB en 2019) para incrementar las políticas sociales y mejorar la redistribución de la renta, reactivar la política industrial y de I+D a la que tanto esfuerzo dedican y cumplir con los requisitos de la consolidación fiscal, todo ello en un estado con un peso en la economía sensiblemente inferior a la media de la eurozona.

El PSOE termina su programa económico incorporando una batería de medidas para mejorar el clima institucional de nuestra economía, tanto en ámbitos de regulación económica y de mercado, como de gobernanza empresarial y de inclusión económica, incorporando el fomento de la economía social y la economía colaborativa. Estas medidas difieren sólo en parte de las ya propuestas por otros partidos de cara a acabar con el “capitalismo de amiguetes”, aunque inciden en mayor medida en la inclusión económica a través del uso de la economía social y la innovación social.

Por último, los socialistas realizan una reflexión sobre la gobernanza del euro y proponen un mecanismo de reforma, lo cual se agradece, en la medida en que buena parte de las restricciones a las que se enfrenta la economía española tienen su origen en el deficiente diseño de dicha gobernanza, y en particular, de la ausencia de una política fiscal coordinada digna de tal nombre.

Leído en su totalidad, el programa económico socialista sorprende. Sorprende que, aun planteando un modelo completo de política económica, mantenga un perfil tan discreto, evitando centrarse en medidas “mediáticas” exceptuando –quizá- el nuevo estatuto de los trabajadores. Son en su mayoría políticas a desarrollar en decretos y órdenes ministeriales, esto es, un programa muy de gestión, cuyos efectos sólo se notarán a muy largo plazo. El texto deja la sensación de que el equipo económico socialista ha huido de prometer aquello que no está totalmente seguro de poder realizar, de manera que deja poco espacio al riesgo y la especulación, y por eso precisamente puede ser calificado por algunos analistas como tímido y falto de audacia. Su sobriedad sólo gana brillo si se lee en su conjunto, y, como tal, es un programa detallado, de calado, y nítidamente socialdemócrata: impulso público al cambio productivo, recuperación de las relaciones laborales y política fiscal tendente a incrementar los ingresos y a mejorar la redistribución. Es un buen plan, y aunque no entusiasme, está pensado para gobernar y no para ganar las elecciones.

Después de años de excesos dialécticos en economía, la sobriedad socialdemócrata deja un sabor de boca contradictorio. Quizá hemos tenido años de “burbuja” en el ámbito del debate económico, con –como diría Victor Lapuente- tantos chamanes como analistas serios debatiendo día sí y día también, pero sacar la economía del debate público para recluirla en la gestión no es necesariamente bueno. Puede que estas orientaciones –valiosas- se lleven efectivamente a cabo a través de un trabajo discreto y competente (como los dentistas de Keynes), pero también, precisamente por su perfil de gestión, se corre el riesgo de que queden diluidas y olvidadas en una agenda política tan convulsa como la que viviremos en los próximos años, perdiendo así una oportunidad de oro. A juicio de quien escribe este comentario, un perfil más político de las propuestas socialistas habría contribuido a darles el valor que se merecen y a facilitar su ejecución llegado el caso.

EL PROGRAMA ECONÓMICO DE CIUDADANOS [8], O CÓMO CONVERTIRNOS EN LOS ANGLOSAJONES DEL SUR

La irrupción de Ciudadanos en el panorama político español ha sido irresistible. En estos tiempos convulsos que vivimos, su crecimiento ha venido parejo a las expectativas que ha generado su equipo joven –en años y en tiempo en política- así como algunos de sus fichajes estrella, que han brillado, particularmente, en el ámbito de la economía.

A lo largo de esta año, Ciudadanos ha venido desgranando su programa político por capítulos, adelantando en presentaciones sus contenidos más determinantes, como si de un proyecto por entregas se tratara. De esta manera, han presentado cuatro partes: lucha contra la crisis, empresa e innovación, fiscalidad y lucha contra la corrupción, apartados a los que unen educación como un elemento más de su proyecto económico. Las credenciales de sus autores no podrían ser mejores, comenzando por su asesor económico, Luis Garicano, llamado a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la política económica del próximo lustro en España, ya que, de cumplirse las previsiones, cualquier intento de formar un gobierno coherente –escorado a la derecha o escorado a la izquierda- deberá tener en cuenta a Ciudadanos y a sus propuestas, especialmente en el ámbito de la economía.

La clave diferenciadora del programa de Ciudadanos no se sitúa en estos términos de la gestión, sino en las reformas institucionales que proponen realizar, quizá, la única idea genuinamente propia de su programa económico: la reforma del mercado laboral para incorporar un contrato indefinido con indemnización creciente.

Garicano es un conocido liberal –que no libertario. Cree firmemente en las fuerzas del mercado y en el mecanismo incentivador que representa la iniciativa privada, pero reconoce el importante papel que debe jugar el Estado en la gestión de una economía moderna. Y esto se refleja en el desarrollo de su programa. Y desde ese punto de vista, su coherencia y su planteamiento son impecables, casi de laboratorio. De ser un trabajo fin de carrera, obtendría el sobresaliente: cumple con todos y cada uno de los elementos considerados “aceptables” por quienes sugieren reformas de la política económica, desde la Comisión Europea hasta el FMI, pasando por la OCDE. De esta manera, sugiere orientar las inversiones públicas desde infraestructuras sobredotadas hacia la I+D, promover el incremento del tamaño de las empresas eliminando límites regulatorios, elaborar leyes de “segunda oportunidad”, bajar impuestos directos e indirectos para recaudar más, mejorar la independencia de los organismos reguladores para acabar con el “capitalismo de amiguetes”, fortalecer la lucha contra la corrupción, mejorar los procedimientos de la contratación pública, “priorizar” el gasto público, mejorar la fiscalidad de los autónomos, o garantizar la independencia de la agencia tributaria.

Poco habría que comentar a estas medidas, ya que buena parte de las mismas no es sino reflejo de una promesa: la de gestionar mejor la política económica estándar. Es decir, no se trata –salvo en aspectos que señalaremos más adelante- de ofrecer una orientación diferente, sino de gestionar mejor la orientación dada por las instituciones europeas. Ciudadanos se compromete a gestionar mejor la lucha contra el fraude, la I+D o a garantizar mejor la independencia de los organismos reguladores. Nada de esto es original: la gran mayoría de los partidos políticos incorporarán medidas o propuesta en esta dirección, y será difícil diferenciar unas propuestas de otras.

La clave diferenciadora del programa de Ciudadanos no se sitúa en estos términos de la gestión, sino en las reformas institucionales que proponen realizar, quizá, la única idea genuinamente propia de su programa económico: la reforma del mercado laboral para incorporar un contrato indefinido con indemnización creciente. Ciudadanos identifica la dualidad como un problema de nuestro mercado laboral, dividido entre insiders –contratos indefinidos o fijos- y outsiders –contratos en precario- y su solución pasa por eliminar el salto institucional existente entre el contrato temporal y el fijo, fundamentado en dos elementos: la causalidad y la indemnización por despido.

En opinión del equipo de Ciudadanos, el salto entre unos y otros tipos de contratos es el que hace que una parte de la población –alrededor del 25% de la fuerza laboral actual- se encuentre atrapada en la temporalidad, y no accedan a contratos indefinidos. Para evitar que este salto suponga un problema en la contratación de indefinidos, proponen suavizar el paso de la indemnización de los contratos temporales -11 días por año trabajado- hasta los 20 días por circunstancias objetivas y los 33 por despido improcedente, de manera que la indemnización sea creciente en el tiempo y no exista el efecto “barrera” que supone el salto actual del temporal al indefinido.

La reforma laboral que propone Ciudadanos sólo tendrá impacto -y sentido- si su objetivo último es flexibilizar el despido, tanto desde el punto de vista del abaratamiento de la indemnización como de la indemnización de la causalidad que lo acompaña.

Es difícil identificar qué impacto tendría esta reconfiguración en el mercado de trabajo y en la generación de empleo, ya que se trata de un tipo de contrato que no está establecido en ninguna economía europea y por lo tanto no hay evidencia empírica que nos muestre sus efectos. Las simulaciones modelizadas, así como la evidencia empírica, demuestran que la flexibilización de los mercados de trabajo permite incrementar la tasa de ocupación, especialmente cuando la flexibilidad se aplica en los procedimientos de contratación y despido. Es decir, la reforma laboral que propone Ciudadanos sólo tendrá impacto –y sentido- si su objetivo último es flexibilizar el despido, tanto desde el punto de vista del abaratamiento de la indemnización como de la eliminación de la causalidad que lo acompaña. Pero no creará más empleo fijo, si por tal entendemos aquel que tiene un carácter permanente. Sólo “disfrazará” la precariedad al no permitir distinguir entre contratos temporales e indefinidos.

En efecto, el problema de nuestro mercado laboral puede tener aspectos institucionales, pero el elemento central del mismo es el carácter altamente estacional de algunos de los motores de nuestra economía, como el turismo y los servicios asociados.

Este componente estacional afecta a la creación de empleo, y es difícil que con contratos más flexibles se mantengan como indefinidos trabajadores que sólo atienden a la temporada de navidad o del turismo vacacional en verano. En el gráfico 1 se advierte que el uso de los contratos temporales es mayoritario en trabajos de corta duración y se va reduciendo hasta ser minoritario –pero aun así significativo- en los trabajos con más horizonte temporal. Por lo tanto, atacar la precariedad del empleo debe partir de atacar la estacionalidad en el modelo productivo. Algo en lo que el programa de Ciudadanos prácticamente no entra.

La previsible bajada de indemnizaciones por despido sería “compensada” por la generación de una cuenta de ahorro individual de una parte del salario, modelo conocido como mochila austriaca, en el que una parte del coste salarial sería mantenido en una cuenta de ahorro que estaría a disposición del trabajador una vez fuera despedido. Cuesta ver qué ventaja tendría este modelo de ahorro obligado salvo efectivamente diferir en el tiempo la percepción de una parte del salario.

El tercer aspecto relacionado con el mercado laboral que afronta el programa de Ciudadanos es el complemento salarial. Se trata de un complemento para aquellos trabajadores –trabajadores, no ciudadanos- que tienen un salario por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y que sería cubierto por el estado. Esta medida tiene sin duda un importante componente de lucha contra la pobreza, en un país donde más del 10% de los ocupados están por debajo de la línea de pobreza, y dinamizaría el segmento más precario y menos productivo de nuestro mercado laboral. Al plantearse sólo para las personas que están trabajando, se supone que incentivaría la búsqueda de trabajo –eliminando así el supuesto “riesgo moral” de las rentas mínimas de inserción- y ayudaría a cubrir y generar empleo que por sus condiciones tendría que tener salarios por debajo del SMI (trabajos por horas, jornadas parciales, etc…). Esta subvención a los puestos más precarios aliviaría sin duda las condiciones sociales de algunos de los trabajadores más pobres y podría servir incluso para aflorar parte de la economía sumergida, aunque el programa no explica en detalle cómo evitaría que se convirtiera en un incentivo para la generación de trabajos mal pagados.

El segundo gran apartado en el que Ciudadanos se define es en la política fiscal. Su propuesta es bajar impuestos directos e indirectos, al tiempo que se lucha contra el fraude fiscal. En un contexto de consolidación fiscal como el que vive España, pendiente todavía de alcanzar los objetivos de déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dado que Ciudadanos se compromete con dichos objetivos, una bajada de impuestos sólo puede tener dos vías de consecuencias: una bajada del gasto público equivalente –lo cual dejaría al sector público español como uno de los más pequeños de la eurozona- o fiar el equilibrio fiscal al efecto del crecimiento económico. Ciudadanos recurre a la lucha contra el fraude fiscal y a la eliminación de duplicidades, ineficiencias y gastos superfluos. Es francamente optimista pensar que una combinación de crecimiento, lucha contra el fraude y de eficiencia en el sector público pueda generar el espacio fiscal suficiente para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y bajar los impuestos al mismo tiempo. El resultado previsible de esta medida sería una reducción del peso del estado en la economía, algo muy preciado por los economistas que acompañan a Albert Rivera. Como se puede observar en el gráfico, la generación del déficit público en 2008 y 2009 tuvo un importante componente del lado del descenso de los ingresos, de la misma manera que su papel ha sido más limitado desde entonces, y las previsiones existentes sitúan toda la consolidación de 2015 en adelante en la contribución desde el lado del gasto, con un efecto neutral de los ingresos. Poner en práctica una bajada de impuestos llevaría a tener que forzar más la reducción del gasto público.

En conclusión, y asumiendo como propios del “consenso económico mayoritario” los aspectos relacionados con la independencia de las instituciones, el fomento de la I+D, el apoyo al crecimiento de las empresas, o la apuesta por acabar con el “capitalismo de amiguetes” (aspectos todos que estarán, de alguna manera, recogidos en prácticamente todos los programas económicos), los elementos auténticamente diferenciales del modelo económico de Ciudadanos se basan en la flexibilización del mercado laboral y en la reducción del peso del Estado en la economía española. Una situación que nos dejaría con uno de los mercados laborales más flexibilizados de la eurozona y con uno de los sectores públicos más pequeños. Un camino que según ciudadanos, nos debe poner en la senda del crecimiento y la prosperidad a medio plazo, pero que difícilmente puede entenderse como un programa de centro izquierda. La confianza de Garicano en las fuerzas del mercado y su admiración por el modelo anglosajón nos sitúa en una senda de reformas que recuerda más a la política económica de los conservadores británicos que a la de los liberal-demócratas europeos. Todo un elogio para quien se declara admirador del legado de Margaret Thatcher. Queda la duda de saber si este programa económico es aplicable en una economía y una sociedad como la española sin generar un importante coste social. Pronto lo sabremos.

LAS PROPUESTAS DEL PARTIDO POPULAR [9]: LA ECONOMÍA DEL PILOTO AUTOMÁTICO

Quien se acerque al programa del Partido Popular en materia de economía no se quedará decepcionado: al contrario que en 2011, año en el que el Partido Popular presentó un programa que sabía que no podía cumplir, en esta ocasión el PP se ha centrado en presentar un programa que no sonará extraño a quienes han realizado un seguimiento de la política económica de esta última legislatura. En efecto, el PP ha presentado un programa económico que no es sino la continuidad, durante cuatro años más, de las políticas económicas que ha venido promoviendo desde su acceso al poder en 2011.

Tiene su lógica: si uno piensa que el rumbo económico de España es el adecuado, ¿para qué variar la dirección? Y esto es lo que ha plasmado el Partido Popular en su programa: una serie de compromisos emanados de su acción de gobierno aderezados con algunas medidas gancho, pensadas para movilizar a un electorado insatisfecho. Junto con el programa del PSOE, es el programa con propuestas con menor perfil político y con mayor vocación de gobierno, pero, mientras que en el caso del PSOE se dibuja una ruta para cambiar el rumbo, en el caso del PP pareciera como si el programa no fuera sino la relatoría de las ideas de los directores generales de Castellana 162, sede de los ministerios económicos (Economía, Industria y Hacienda).

Los populares proponen una extensión temporal de las políticas que han aplicado durante la última legislatura aderezadas con algunas medidas ‘gancho’, pensadas para movilizar a un electorado insatisfecho

De esta manera, los populares dedican tanto esfuerzo a justificar sus logros pretéritos como a presentar su batería de propuestas, centradas en el ámbito del mercado laboral, el fomento de la competitividad y la política fiscal, como ejes prioritarios de actuación.

En materia de empleo y mercado laboral, el PP hace recuento de los resultados de su última reforma y propone profundizar en la misma dirección, proponiéndose alcanzar los veinte millones de ocupados en 2020. Su apuesta por la creación de empleo no incorpora una nueva reforma laboral, aunque recupera algunas ideas de interés como el fomento de la flexibilidad interna –situar el despido como última opción–, y el planteamiento aislado de las ideas ya expresadas por Ciudadanos, como la mochila austriaca o el cheque de formación. El PP sitúa como prioridad la formación de los trabajadores, como ya hicieran Ciudadanos y PSOE, y propone la creación de un “instituto para el talento”, con unas atribuciones todavía por desarrollar. Adicionalmente, propone reforzar la inspección para evitar las contrataciones temporales en fraude de ley, sin proponer una modificación profunda del marco de relaciones laborales ni una verdadera modificación del sistema de contratos.

El PP dedica tanto esfuerzo a justificar sus logros pretéritos como a presentar su batería de propuestas, centradas en el ámbito del mercado laboral, el fomento de la competitividad y la política fiscal, como ejes prioritarios de actuación.

En el ámbito de la competitividad, el Partido Popular se hace eco –¡cómo no!– de la problemática sobre el tamaño de las empresas y sus efectos en la productividad nacional, propone un cambio en el régimen de los autónomos, aboga por la desintermediación financiera y el uso del capital riesgo y otros mecanismos, como el Mercado Alternativo Bursátil, o el Mercado Alternativo de Renta Fija, para facilitar la financiación de las pymes. Al igual que en el caso del PSOE, el PP define una política específica para algunos sectores, como el turismo o el agrario, y sorprende por su tibieza su política energética, destinada a que no cambie prácticamente nada en el complejo entramado energético español, lo cual no parece incompatible, a su juicio, con la declaración de compromiso con los requisitos de la política europea en materia de cambio climático. Aciertan al señalar el uso intensivo del Fondo Español de Eficiencia Energética, aunque las dotaciones previstas de hasta 1800 millones en los próximos cuatro años parece una cifra poco ambiciosa. El PP apuesta por profundizar en la unidad de mercado, otro de los ámbitos donde se sienten cómodos, y dispone una batería de medidas para hacerlo efectivo en los próximos años. Propone igualmente una inversión en infraestructuras planificada de forma rigurosa, que facilite el despegue de la industria logística. Destacan sus menciones a la modernización de las administraciones públicas, incluyendo la apuesta por las smart cities, o por el gobierno electrónico, y se proponen mejorar las infraestructuras digitales, como la extensión de la banda ancha, para mejorar el acceso a la Red.

Como no podía ser de otra manera tratándose del Partido Popular, el apartado destinado a la fiscalidad se concentra en la reducción de impuestos. Como ya ocurriera en el caso de Ciudadanos, el PP fía toda la senda de cumplimiento de la consolidación fiscal al crecimiento, la reducción de ineficiencias y la reducción de los gastos de carácter cíclico, afirmando que la reducción de impuestos permitirá mantener el dinero “en los bolsillos de los ciudadanos” al tiempo que se cumplen los compromisos de consolidación fiscal.

Y este es, precisamente, el punto débil de la propuesta del partido popular: el principal –y casi único– atractivo del Partido Popular es su promesa permanente de bajar los impuestos. Lo ha hecho durante los dos últimos años –pese a la subida inicial debida al proceso de consolidación fiscal– y lo ha prometido para la próxima legislatura, con nuevas reducciones en los tramos más bajos y más altos de la escala. Que la Comisión Europea haya advertido de los perniciosos efectos de estas reducciones de impuestos de cara a la senda de consolidación fiscal, o que los recortes más dramáticos que ha producido durante los últimos años –en materia de educación y sanidad, o en dependencia, por ejemplo– hayan impactado tan negativamente en la igualdad de oportunidades y la protección social de los más golpeados por la crisis, no han sido óbice en absoluto para insistir en esta estrategia.

El programa refleja claramente el carácter de su presidente y candidato a la Presidencia del Gobierno: Previsibilidad y aprovechamiento máximo de la inercia generada en los años del ajuste.

En un contexto en el que toda la consolidación fiscal prevista se va a realizar por el lado del gasto, nuevos recortes de ingresos públicos sólo pueden traer como consecuencia nuevos recortes de gasto público, sin que el PP precise dónde y cómo se van a producir. Una lástima que el partido de gobierno sea incapaz de convencer a las instituciones europeas y a sus potenciales votantes sobre su programa fiscal: lo que les dice a unos contradice lo que debe contar a otros.

En definitiva, el modelo económico que propone el Partido Popular es una extensión temporal de las políticas que ha aplicado durante la última legislatura. Aunque insiste acertadamente en las infraestructuras de red (digitales, energéticas y de transporte), no contiene más medidas estratégicas para la transformación del modelo productivo y fía la recuperación del empleo al mero efecto del ciclo económico, que nos debe llevar a cuatro años de crecimiento, siempre y cuando no se produzca un empeoramiento del entorno macroeconómico mundial. Su sabor es más intervencionista y menos innovador que el de Ciudadanos, salvo en lo relativo a sus objetivos fiscales, que están en plena consonancia. Esta falta de rigor en materia fiscal no se ve en su programa compensada con reformas de calado o propuestas de carácter estratégico en sectores como la innovación, donde sus propuestas se quedan cortas y carentes de ambición. La impresión general es que los populares pretenden llevar a España a un nuevo modelo productivo sin desactivar el piloto automático del Programa Nacional de Reformas presentado a la Unión Europea, programa que ya ha sido criticado por su falta de realismo y sus previsiones excesivamente optimistas en numerosas ocasiones.

Leyendo el programa del Partido Popular, podríamos decir que refleja claramente el carácter de su presidente y candidato a la presidencia del Gobierno: previsibilidad y aprovechamiento máximo de la inercia generada en los años del ajuste. Su debilidad es precisamente esa: el desajuste productivo y el deterioro social de España exigen una mayor proactividad, y la Comisión Europea y sus análisis sobre el devenir de la economía española exigen nuevos ajustes en materia fiscal y laboral. Viendo la respuesta del Partido Popular a ambos retos, le viene a cualquiera a la memoria aquel viejo proverbio que dice que se puede engañar a alguien todo el tiempo, o engañar a todo el mundo durante un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El programa del Partido Popular tiene como objetivo superar los límites lógicos de este proverbio. Desde su punto de vista, quizá puedan aducir que no son tiempos para experimentos y que más vale no variar el rumbo de aquello que tan buenos resultados les ha dado. Queda por saber si este piloto automático será suficiente para afrontar las numerosas debilidades estructurales de nuestra economía.

¿Cuál es el mejor programa económico? Depende

José Moisés Martín Carretero

16 de Diciembre de 2015

Durante las últimas semanas, hemos ofrecido en CTXT una serie de artículos comentando los aspectos que, a juicio de quien escribe estas líneas, podrían ser más destacables de cada uno de los principales partidos políticos de alcance estatal. Se ha intentado señalar los elementos más novedosos de los mismos, los aspectos más polémicos, y las principales ausencias o fallas encontradas. Sin un veredicto preciso e inapelable: al final, la política económica no es ajena a los intereses de quienes la promueven y de quienes se benefician de unas y de otras medidas, por lo que cada programa y propuesta será buena o mala en función del lugar social de quien la recibe. Por ejemplo, una bajada de impuestos a las rentas más altas entusiasmará a los acaudalados, mientras que sus efectos taumatúrgicos en la prosperidad de los que más han sufrido la crisis son menos evidentes. Se equivocan quienes dicen que la economía –y la política económica— es meramente técnica que hay que perfeccionar: hace años que el premio Nobel Amartya Sen nos advirtió que la economía se basa en elecciones sociales, y como tales, están sostenidas por valores y por una determinada concepción ética del mundo y de la vida. La elección de establecer un contrato único no es sólo técnica, sino también política y ética: no se trata sólo de medir su impacto en la creación de empleo, sino del efecto distributivo que tiene dentro del propio factor trabajo, al generar condiciones favorables a las nuevas contrataciones a costa de debilitar la protección del empleo de los que ya están trabajando. Por la misma, los defensores del contrato único señalan que la protección de los que ya trabajan es la condena de los que quieren trabajar y no lo consiguen. Hay que elegir cuál es la mejor opción, y elegir es hacerlo sobre la base de lo que consideramos mejor para el conjunto de la sociedad, partiendo de nuestros valores y principios. Flexibilizar y liberalizar los mercados de servicios permitirá la entrada de nuevos competidores, pero no será del agrado de los que ya están en esos mercados. La elección, insisto, no es técnica: es política, ética, o, como dice el enunciado de esta serie de artículos, ideológica.

En cualquier caso, y pese a estas diferentes concepciones del hecho económico que encierran los programas analizados, lo cierto es que, para desgracia de los amantes de la confrontación televisiva, no son programas inconmensurables, sino que mantienen hilos conductores comunes, en un consenso tácito sobre los problemas que acechan a nuestra economía.

En primer lugar, cabe destacar el patrón de crecimiento (o modelo productivo). Todos los partidos son conscientes de que el modelo productivo que mantuvimos hasta la llegada de la crisis debe variar hacia un patrón de mayor valor añadido, que permita una transición acelerada hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. El interés mostrado en la I+D o en las infraestructuras digitales muestra el camino por el que se quiere avanzar. En este caso, los partidos progresistas sugieren fortalecer el papel del Estado en este cambio productivo, incidiendo en la necesidad de políticas industriales activas y prioridades sectoriales, mientras que el partido liberal y el conservador apuestan por liberar restricciones regulatorias para favorecer un mayor desempeño del sector privado en la economía. En efecto, este énfasis en la reindustrialización de España no es compartido por Ciudadanos, y aunque el Partido Popular no se opone abiertamente, su política sectorial es mucho más tímida y continuista.

En segundo lugar, el mercado de trabajo. En este bloque, la principal innovación es la propuesta de contrato único planteada por Ciudadanos, que supondría una reordenación total del marco institucional de nuestras relaciones laborales por sus implicaciones sobre la protección del empleo, mientras que PSOE y Podemos abogan por recuperar la negociación colectiva y plantean reformas mucho más acotadas y consistentes en acabar con la dualidad vía la inspección y la lucha contra el fraude de ley en las contrataciones. El PP, por su parte, sugiere igualmente luchar contra la precariedad pero sin acometer otra reforma laboral en profundidad.

En tercer lugar, la pobreza y la desigualdad ocupan buena parte de la reflexión de los partidos. El Partido Popular sugiere bajar los impuestos a las rentas más bajas, y fía la recuperación de la situación social a la creación de empleo, cosa que no satisface a las otras tres fuerzas, que han planteado medidas para subir el salario mínimo o para complementar aquellos salarios que están por debajo de un determinado límite. De igual manera, tanto PSOE como Podemos promueven la instauración de rentas mínimas garantizadas para aquellas familias que no cuentan con otros ingresos, medida en la que se separan claramente de las otras dos formaciones políticas.

Por último, destaca la clara diferencia en política fiscal. PP y Ciudadanos abogan por una bajada de impuestos que permita estimular el consumo y el ahorro y con ello la inversión y el crecimiento, mientras que PSOE y Podemos apuestan por garantizar la suficiencia de ingresos del Estado a través de impuestos más progresivos al tiempo que pretenden alargar los plazos de cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal pactados con Bruselas.

Cuatro retos –productividad y modelo productivo, mercado de trabajo, pobreza y desigualdad y recursos fiscales— que los partidos políticos contendientes proponen atajar con diferentes mix de políticas financieras, industriales y sociales. El núcleo del nudo gordiano de nuestros retos económicos. Retos que tenemos cuantificados en el marco de la Estrategia Europa 2020 (marco estratégico común de toda la Unión Europea para alcanzar un crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo), y que, como podemos ver en el cuadro adjunto, están todavía muy lejos de ser alcanzados.

¿Serán suficientes las medidas propuestas para atajar nuestros problemas? En algunos casos es posible: los equipos económicos han trabajado mucho para ofrecer propuestas bien armadas, consistentes y coherentes con el proyecto de país que dibujan. No hay –demasiadas— propuestas inviables: otra cosa es el efecto positivo o negativo que tengan en la ciudadanía, y, además, en unos u otros sectores de la ciudadanía. Hay también, en cada uno de ellos, ausencias clamorosas, como una reflexión en profundidad sobre el cumplimiento de los objetivos de la estrategia Europa 2020, y algún que otro elefante en la sala que casi nadie se ha atrevido a tratar en su necesaria profundidad (como el riesgo que representa, todavía, la elevada deuda pública y privada o las vulnerabilidades a las que todavía se enfrenta la economía global en estos tiempos de estancamiento secular) pero, tomados como conjunto, es difícil que volvamos a ver un elenco de programas económicos con tanto trabajo detrás de ellos.

¿Cuál es el mejor, cuál es el peor? Pues efectivamente depende de su posición ética y política, de lo que esté dispuesto a sacrificar cada formación política para alcanzar sus objetivos. Si está de acuerdo en generar más oportunidades de empleo asumiendo el coste de una menor protección para todos, apueste por el contrato único de Ciudadanos. Si le interesa tener más renta disponible y espera que los desequilibrios económicos y sociales se corrijan automáticamente gracias al ciclo económico, busque aquellos partidos que prometen bajar sus impuestos, como el Partido Popular. Si apuesta por una sociedad y una economía más cohesionada es probable que tenga que pagar más impuestos, como en las propuestas de PSOE. Si su prioridad es la distribución de la renta por encima del fomento de la competitividad y la productividad, su programa es sin duda el de Podemos. Parafraseando una conocida historia, los programas económicos son viables, justos y baratos, pero sólo podemos elegir dos de estas tres características.

En estas elecciones nos jugamos precisamente esto: el modelo de país que queremos construir en los próximos años. Y esa no es una decisión técnica. Vote en conciencia o no vote, al final, como casi siempre, lo que manda es la ideología.

(19 de diciembre de 2015)


[3- Los programas electorales, tema a tema (aborto, Cataluña, CGPJ, Constitución, copago sanitario, corrupción, educación, eutanasia, fosas, fracking, impuestos, impuesto de sociedades, indemnización por despido, ingreso vital, inmigración, IRPF, IVA, memoria histórica, monarquía, muerte digna, nucleares, pobreza energética, prostitución, religión, república, reforma laboral, tribunal constitucional), Cadena Ser, 23-11-2015.

[5José Moisés Martín Carretero

Economista y consultor internacional. Dirijo una firma de consultoría especializada en desarrollo económico y social. Miembro de Economistas frente a la Crisis.